En noviembre de 2011, ante la proximidad de unas elecciones autonómicas de incierto resultado para el PSOE, la Junta de Andalucía decidió convertir en empleados públicos a casi 30.000 trabajadores de la administración paralela autonómica a través de la Ley 1/2011 ya conocida como "Ley del Enchufismo". Según denuncian los sindicatos independientes de funcionarios, los casi 30.000 empleados de los chiringuitos de la Junta (fundaciones, empresas públicas y demás entes oficiales) son en su mayoría cargos públicos, familiares y afiliados al PSOE y a los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, razón por la cual ambos sindicatos habrían validado con su firma tan escandalosa cacicada.
En esencia, como explicamos aquí en su día, el ejecutivo de Griñán creó gracias a esa ley autonómica cinco agencias públicas para integrar a los casi 30.000 contratados en sus estructuras de personal, de forma que todos pasaran a convertirse en empleados públicos sin necesidad de superar ninguna oposición. La consecuencia inmediata es que el futuro laboral de todos estos miles de empleados quedaba asegurado, pues en caso de que el gobierno de la Junta de Andalucía hubiera cambiado de manos, su despido sería imposible por pertenecer organismos administrativos en condición similar al del resto de funcionarios públicos.
El Sindicato Andaluz de Funcionarios, sin vinculación ideológica alguna, recurrió todos los decretos de integración de personal a través de una batería de recursos, a la que añadió diversas demandas de carácter penal contra las autoridades de la Junta que firmaron tan escandaloso artificio administrativo. Pues bien, estas acciones judiciales han comenzado a dar su fruto con las tres primeras sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, recaídas en este mes de enero, que anulan la funcionarización de los enchufados que la Junta pretendía integrar respectivamente en las agencias públicas de Gestión Agraria y Pesquera, Servicios Sociales y la Agencia del Conocimiento.
Sólo en el caso de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera, son 1.800 los contratados a dedo que han visto anulada su integración por sentencia del TSJA contra la que ya no cabe recurso alguno. El razonamiento de dicho tribunal para revocar este escandaloso enchufe no puede ser más elemental, pues resulta evidente para los magistrados "la quiebra del principio de igualdad" y la vulneración del "derecho de acceso a la función pública en condiciones de igualdad, conforme a los principios de publicidad, mérito y capacidad" tal y como establecen los artículos 14 y 23.2 de la Constitución Española. Para el TSJA, además, la operación para consumar la funcionarización de estos contratados a dedo, más que una trampa administrativa supone todo un "desprecio al Estado de Derecho".
¿Dónde están y qué hacen los 30.000 enchufados?
Estas tres primeras sentencias del TSJA van a ser con toda probabilidad reproducidas en el resto de recursos planteados, pues las circunstancias son idénticas en todos los casos. Así pues, la pregunta que se hacen los sindicatos independientes de funcionarios en Andalucía es qué va a pasar con las casi tres decenas de miles de contratados a dedo por la Junta de Andalucía.
De hecho, a raíz de una disposición cautelar de los tribunales andaluces, las funciones públicas de estos contratados laborales quedaron en suspenso, por lo que todos cobran puntualmente su salario mensual pero nadie sabe dónde están ni a qué se dedican. Lo cierto es que en el momento en que sentencias firmes como las tres ya recaídas surtan efecto, todos los afectados dejarán de pertenecer a las agencias públicas en que la Junta quería integrarlos por lo que su futuro laboral quedará de nuevo a merced del PSOE andaluz, que todavía confía en que una revisión de las sentencias por el Tribunal Supremo le permita validar la vasta "operación enchufe" puesta en marcha a finales de 2011. Mientras tanto, el coste para el bolsillo del contribuyente de estos 30.000 contratados irregulares asciende a mil millones de euros anuales, sin que se sepa a cambio de qué contraprestación laboral se está dilapidando semejante cantidad de dinero público.