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de 1.500 millones para 2012

Aprobada la supresión del tope al déficit de tarifa

La oposición critica que la norma se haya convertido en un "tótum revolútum" de medidas "variopintas".

El Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles el real decreto ley 29/2012 sobre empleados del hogar, en el que se incluye la supresión del tope legal de 1.500 millones al déficit de tarifa en 2012 y que ha sido duramente criticado por la oposición por suponer un "tótum revolútum" propio de los decretos 'escoba'.

En el real decreto ley, el Gobierno establece, ante la "excepcionalidad de la situación", la eliminación del tope de déficit tarifario de 2012 y la titulización del exceso de deuda eléctrica generada, que de esta forma no computará en la tarifa de 2013.

De esta forma, el presente año comienza en un "escenario de equilibrio" en el que, tras las medidas adoptadas hasta la fecha, más las partidas procedentes de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2013, pueda lograrse la "sostenibilidad económica del sistema eléctrico".

El real decreto ley ha sido defendido por la ministra de Empleo, Fátima Báñez, y aprobado gracias al apoyo del PP y pese al rechazo de PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, CiU, Amaiur, ERC, BNG y Compromís. PNV ha optado por la abstención.

La socialista Isabel López i Chamosa ha afirmado que el decreto "contiene la prueba del fracaso de Industria en la lucha contra el déficit tarifario" porque, "tras cuatro decretos y una ley, ha imposibilitado que en 2012 se cumpla lo previsto y se ha ido el déficit a 5.000 millones" y además ha generado "incertidumbre e inseguridad jurídica" y ha frenado el desarrollo de las renovables.

El diputado de IU-ICV-CHA Joan Coscubiela se ha preguntado por qué el Gobierno no aprobó un decreto diferente para los temas energéticos si era tan urgente. "Quien hace 29 decretos hace 30", ha dicho, acusando al Ejecutivo de querer "camuflar" ese tema para que no se discuta.

Temas divergentes 

Álvaro Anchuelo (UPyD) también ha criticado la "falta de respeto" que supone legislar por decreto y mezclando "temas muy divergentes", mientras que el diputado de CiU Carles Campuzano también ha reclamado al Gobierno un "esfuerzo" para no "seguir abusando" de los decretos.

Joan Baldoví (Compromís-Equo) cree que este decreto "variopinto y multicolor" supone "un castigo para las renovables", mientras que Sabino Cuadra (Amaiur) ha calificado el procedimiento de "chapucero y poco democrático".

PNV y PP

Emilio Olabarria, del PNV, ha criticado la multitud de temas incluidos en el decreto. "Nunca he visto una cosa igual. Podríamos derogar el artículo 81 de la Constitución con este decreto. Como la jerarquía de las leyes ya no significa nada, podemos hacer lo que queramos", ha ironizado.

Por parte del PP, Mario Flores ha asegurado que los cambios en el sector energético "buscan proteger a los consumidores y garantizar la sostenibilidad del sistema" y evitar nuevas subidas de la factura. "Si no se hubieran aprobado estas medidas sobre déficit tarifario habría sido muchísimo mayor", ha asegurado.

 

 

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