A lo largo de los últimos años, la concatenación de informaciones e investigaciones sobre la corrupción en España se ha traducido en un creciente descrédito de la clase política. Si bien es difícil conocer con exactitud el número de casos abiertos, la Fiscalía General aclaró a finales de 2009 que hay más de 700 procedimientos abiertos, de los que 264 corresponden a cargos del PSOE y 200 a mandatarios del PP.
La tendencia experimentada en los últimos años es claramente negativa. En el año 2000, España ocupaba el puesto 20º en el Índice Mundial de Percepción de la Corrupción que publica Transparencia Internacional. Doce años después, la última edición de dicho estudio deja a nuestro país en la 30ª posición, diez escalones por debajo del puesto alcanzado hace doce años.
A raíz de este importante deterioro institucional se han publicado muchas recomendaciones encaminadas a reducir el problema de la corrupción en España. Entre las variables consideradas están el endurecimiento de las penas, la reforma de la Justicia, las leyes y códigos de transparencia y buen gobierno, la regeneración de los partidos políticos, etc. No obstante, una variable que pocos analistas han tenido en cuenta tiene que ver con el grado de libertad económica que impera en nuestro país.
Más libertad económica, ¿menos corrupción?
Ronald Alexander Pavellas elaboró en 2010 una interesante comparativa que relacionó los resultados del informe global de Transparencia Internacional con las evaluaciones del Índice de Libertad Económica que publican cada año el Wall Street Journal y la Fundación Heritage. La siguiente gráfica muestra el desempeño de los 103 países evaluados por ambos indicadores:
A la vista está que aquellos países que registran un menor grado de apertura económica tienen peores resultados en términos de transparencia institucional, y viceversa. Esta relación se asemeja a lo observado ese mismo año en el Índice de Libertad Económica del Instituto Fraser de Canadá. Dicha publicación observó que el cuartil de países que registró mayores niveles de apertura económica registró un puntaje de 7,4 en el estudio anual de Transparencia Internacional. Por el contrario, el cuartil de las economías menos libres obtuvo un puntaje medio muy inferior, quedándose en apenas el 2,6.
Un buen ejemplo de esta dinámica lo tenemos en Chile y Argentina, dos países vecinos que gozan de grados de libertad económica completamente opuestos. Si bien Chile se caracteriza por aplicar las recetas del laissez faire con rigor, Argentina ha ganado fama por sus políticas económicas de corte intervencionista. Pues bien, Chile goza del marco institucional más transparente de toda América Latina, mientras que en Argentina ocurre todo lo contrario.
Una Administración obesa
De acuerdo con las proyecciones del FMI para España, el gasto público alcanzó el 42% del PIB a lo largo de 2012, si bien existen estudios que sitúan este indicador por encima del 50%. En cualquier caso, no podemos obviar que la denominada Administración paralela (empresas y otros entes públicos), cuya deuda no se incorpora a estas cifras, tiene una deuda superior a los 50.000 millones de euros.
El esfuerzo de los contribuyentes para mantener semejante entramado institucional es notable: la fundación Civismo ha calculado que el trabajador medio dedica 179 de los 365 días del año a cumplir con sus obligaciones fiscales. Hablamos, por tanto, de una Administración Pública que consume un volumen muy importante de recursos cada año.
Debemos considerar, además, que el Estado también controla el resto de la economía a través de sus normativas y regulaciones. En este ámbito volvemos a encontrarnos con notables excesos: cada año, las Administraciones españolas generan un millón de nuevas páginas regulatorias, una hiperinflación legislativa que aumenta más aún el poder de políticos y burócratas sobre empresas y familias.
Semejante nivel de discrecionalidad preocupa sobremanera a Juanma López Zafra, profesor de CUNEF y analista económico, quien subraya que "a mayor cantidad de normas, mayores restricciones a la libertad y más incentivos para corromper. Sólo con más libertad se combate la corrupción".
Esta valoración es similar a la que hace María Blanco, Profesora de Economía en la Universidad San Pablo CEU y miembro del Instituto Juan de Mariana. Según Blanco, "cuando la organización es más compleja, la detección es más compleja, los intereses creados se entrecruzan y la corrupción se extiende como una plaga difícil de desmontar". Es por eso que es recomendable "reducir el tamaño del Estado para facilitar el control del riesgo moral y disminuir las oportunidades de aprovecharse del sistema para beneficio propio".
En esta línea, el economista Juan Ramón Rallo subraya que, "como dijo Lord Acton, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente". Para el autor de Una alternativa liberal para salir de la crisis, "si un Estado es muy pequeño, la posible corrupción que se genere en su interior apenas tendrá consecuencias negativas sobre el ciudadano". Es por eso que Rallo señala que "a igualdad de circunstancias, un Estado grande ofrece muchas más oportunidades e incentivos para la corrupción".
Por su parte, el Catedrático de la Universidad Complutense Carlos Rodríguez Braun advierte de que "cuando la corrupción traspasa cierto umbral, el Estado la utiliza para reforzarse, pretendiendo luchar contra ella. En busca de consolidar su legitimidad, los estados buscarán las estrategias que limiten la corrupción, pero sólo siempre que no restrinjan críticamente ni pongan seriamente en riesgo su propio poder".
La corrupción urbanística como ejemplo
En palabras de José Luis Ruiz Bartolomé -autor de Adiós, ladrillo, adiós- "ha calado con fuerza la idea de que la causa principal de la burbuja inmobilliaria fue la Ley del Suelo de 1998, por su efecto liberalizador. En realidad, la ley establecía un marco que posteriormente debía desarrollarse a nivel regional. Además, apenas afectaba a la clasificación del suelo...".
Para Bartolomé, "la escasez de suelo en España vino dada por decisiones administrativas que se toman en 8.000 ayuntamientos y 17 administraciones autonómicas. En definitiva, la producción del suelo está en manos de políticos y, como dijo Álvaro Nadal en su día, el modelo se basa en que la firma del concejal de urbanismo vale dinero".
Hablamos, por tanto, de un sector lastrado por el exceso de intervención pública y la falta de libertad de mercado. Quizá por eso no debería extrañarnos que este ámbito haya sido protagonista de numerosos escándalos de corrupción. De nuevo, todo apunta a que allá donde hay poco mercado y mucho Estado se crean todo tipo de incentivos perversos que, en última instancia, sientan las bases para la opacidad institucional bajo la cual se desarrolla intensamente la corrupción política, tal y como acontece en España.