El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un Real Decreto Ley por el que se prorroga el Programa de Recualificación Profesional (PREPARA) de las personas que agoten su protección por desempleo y por el que se adoptan, además, otras medidas urgentes para el empleo y la "protección social" de las personas desempleadas.
Entre ellas, destaca la reducción de 35 a 20 del número de jornales necesarios para acceder al subsidio y renta agrarias (el polémico PER), debido a la caída de la producción de aceituna por la sequía que ha afectado a Andalucía y Extremadura. "Con ello ha atendido la necesidad de los trabajadores del campo, que ven cómo a la situación de crisis económica, se suma la caída de la producción del aceite del entorno del 60 por 100", según remarca el Ministerio de Empleo en la referencia oficial del Consejo de Ministros. "La importancia de los daños ocasionados por la sequía en la campaña de la aceituna de 2012 en Andalucía y Extremadura dificulta gravemente la consecución del número mínimo de jornadas precisas para acceder al subsidio por desempleo y la renta agraria", según justifica el Gobierno.
Por ello, el Real Decreto Ley reduce de 35 a 20 el número de jornadas reales cotizadas exigidas a los trabajadores eventuales agrarios, rebajando así las exigencias para cobrar el subsidio agrario. La decisión se ha adoptado tras sucesivas reuniones entre el Gobierno y los representantes de las organizaciones agrarias COAG y ASAJA, y de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, sobre la situación derivada de la repercusión de la sequía en la producción agrícola de la aceituna.
La cuantía de esta prestación ronda los 426 euros mensuales y la reciben alrededor de 150.000 jornaleros andaluces y extremeños. El Plan de Empleo Rural (PER) fue implantado por el Gobierno socialista de Felipe González en 1986, en sustitución del llamado "empleo comunitario". En principio, el PER se destinaba únicamente a Andalucía y Extremadura, con el objetivo de que se contratasen a trabajadores eventuales agrarios (jornaleros) en paro para facilitar un periodo de empleo mínimo que permitiera el acceso a un subsidio especial de desempleo.
Inicialmente, las peonadas exigidas ascendían a 40. En 1996, el PER pasó a llamarse Plan de Fomento del Empleo Agrario, y las peonadas se redujeron a 35. Además, su aplicación se extendió a otras CCAA, aunque Andalucía y Extremadura siguen copando la mayor cuantía de subsidios. De este modo, el PP exige hoy a los jornaleros la mitad de peonadas que Felipe González.
Andalucía pide una moratoria total
Pese a ello, la Junta de Andalucía tilda la medida de insuficiente. El vicepresidente de la Junta, Diego Valderas (IU), ha reclamado en los últimos días "una moratoria total de todas las peonadas para que ningún trabajador del medio rural tenga que acudir a presentar 20 peonadas en un tiempo en el que hay retroceso de trabajo" en este sector, "como consecuencia de la climatología", toda vez que no se contempla un plan extraordinario de inversión en el medio rural.