"Un Gobierno puede ponerse sentimental, yo no lo voy a hacer [el público se ríe]... Alguno dirá, 'Pues se ha puesto'... Pues me he puesto, sí, porque esto nos puede pasar a cualquiera, esto le puede pasar a cualquiera de los que estamos aquí sentados, que pensamos que tenemos el futuro resuelto porque somos unos excelentes profesionales". Así ha presentado este jueves por la tarde, Soraya Sáenz de Santamaría el Fondo Social de Viviendas (FSV) que se constituye con 6.000 inmuebles para aquellas familias en situación de especial vulnerabilidad que han sufrido un desahucio en los últimos cinco años.
Rodeada de ministros, banqueros y todo tipo de organizaciones sociales, la vicepresidenta ha conseguido una foto que el Gobierno llevaba buscando desde hace semanas. En un momento en el que arrecian las protestas por los recortes y con la alarma social desatadas por las noticias que unían suicidios y desahucios, desde Moncloa se quería mostrar la imagen de que el Ejecutivo del PP también tiene sensibilidad. Por eso, ha reunido hasta 33 firmantes, para que arropasen a Sáenz de Santamaría y diesen a este acto toda la relevancia posible.
El Fondo
A pesar de las noticias que hemos podido leer en los últimos tiempos y que hablan de que en España se han producido hasta 500.000 desahucios desde el principio de la crisis, lo cierto es que el FSV no llegará a las 6.000 viviendas, que podrán solicitar aquellos que hayan sido desalojados desde el 1 de enero de 2008. De esta manera, se confirma que, a pesar de toda la alarma social, en realidad el número de veces en las que se ha llegado a estas dramática situación (una familia que se queda en la calle porque la expulsan por la fuerza de su vivienda) ha sido bastante reducido, algo que merece la pena destacar, sobre todo teniendo en cuenta la profundidad de la crisis en la que vivimos desde hace cinco años. De hecho, muchos expertos destacan que precisamente el bajo número de desahucios en comparación con otros países de nuestro entorno es una prueba de que las bondades de la Ley Hipotecaria.
En cualquier caso, el convenio ha sido firmado este jueves por los ministerios de Economía y Competitividad, Sanidad y Servicios Sociales, Fomento, Banco de España, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la Plataforma del Tercer Sector (Organizaciones no Gubernamentales), las patronales bancarias y 33 entidades de crédito. El acto de la firma ha estado presidido por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
El fondo nace con 5.891 viviendas que aportan las 33 entidades firmantes del convenio. Las familias en situación de especial vulnerabilidad que hayan sido desalojadas de sus viviendas después de 1 de enero de 2008 podrán solicitar los inmuebles a partir de la puesta en marcha de este convenio. El alquiler tendrá una duración de dos años y las rentas oscilarán entre 150 euros y 400 euros al mes, con un límite máximo del 30% de los ingresos netos totales de la unidad familiar.
Los beneficiarios
Se van a poder beneficiar de esta medida las personas que hayan sido desalojadas de su vivienda habitual y cumplan las siguientes condiciones:
- Que el desalojo se haya producido como consecuencia de una demanda de ejecución, por impago de un préstamo hipotecario, iniciada por la misma entidad que constituye el fondo social de viviendas.
- Que el desalojo se haya producido a partir del día 1 de enero de 2008.
- Que en el momento de presentación de la solicitud se encuentre en las siguientes circunstancias:
- Que el conjunto de los ingresos mensuales de los miembros de su unidad familiar no supere el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (1.597 euros conforme al IPREM actual).
- Que ninguno de los miembros de la unidad familiar disponga de vivienda en propiedad.
- Que se encuentre en un supuesto de especial vulnerabilidad. A tal fin, se entenderán como tales cualquiera de los siguientes:
- Familia numerosa, de conformidad con la legislación vigente.
- Unidad familiar monoparental con dos o más hijos a cargo.
- Unidad familiar de la que forme parte, al menos, un menor de tres años.
- Unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad superior al 33%, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite de forma permanente para realizar una actividad laboral.
- Unidad familiar en la que el deudor se encuentre en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones por desempleo.
- Unidad familiar con la que convivan, en la misma vivienda, una o más personas que estén unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, y que alguno de sus miembros se encuentre en situación personal de discapacidad, dependencia, enfermedad grave que les incapacite de forma temporal o permanente para realizar una actividad laboral.
- Unidad familiar en la que exista alguna víctima de violencia de género.
Las palabras de la vicepresidenta
Sáenz de Santamaría ha subrayado que el esfuerzo que están haciendo las entidades financieras con la cesión de las viviendas "no es excesivo", sino "solidario y conjunto" en un país "que quiere que las familias y los más pequeños se críen en un hogar que les haga sentir la cobertura de un Estado y de un Gobierno". Para la vicepresidenta, que ha ofrecido un discurso sentimental, el convenio recoge el "derecho a fracasar y a hacer una inversión equivocada, a perder un sueldo, pero no a haber perdido una vida".
Además, ha señalado que los más de 30 firmantes del convenio han acordado "aunar esfuerzos y criterios" para impulsar el Fondo Social y poner a disposición de muchas familias "que padecen los rigores de una crisis demasiado larga" estas viviendas. "Podemos discutir sobre si todas las medidas legales que adoptamos son suficientes, pero en este convenio está el ánimo de todos de ponernos en la piel de toda esta gente que confió en el futuro, que invirtió en sacar adelante una familia. Las cosas no fueron bien no por su responsabilidad, sino porque la coyuntura no era la deseada", ha agregado.
Tras subrayar que con iniciativas como ésta el Gobierno está siendo "justo y equitativo" frente a las injusticias de los sectores económicos, ha destacado que hay que dar una segunda oportunidad "a quienes arriesgaron por España, por su país, y no pudieron salir adelante". "Esto nos puede pasar a cualquiera. Es una crisis que ha pasado por encima de todos", ha concluido.