El PP de Cataluña (PPC) que dirige Alicia Sánchez Camacho acaba de presentar su particular modelo de financiación para Cataluña, en línea con el Pacto Fiscal que reclamó el presidente de la Generalidad, Artur Mas, y a modo de alternativa frente a la declaración de soberanía acordada entre CiU y ERC. Los populares registraron el martes en el Parlamento autonómico su propuesta, que será debatida en la el próximo 23 de enero, fecha en la que también se prevé votar la propuesta conjunta de CiU y ERC sobre el "derecho a decidir" de la región.
En concreto, el texto propone crear un "nuevo sistema de financiación singular para Cataluña, que represente un modelo propio, con capacidad normativa", aunque dentro del régimen común de la LOFCA, según explicó el portavoz del PPC en el Parlamento catalán, Enric Millo. El problema es que la referencia a una "financiación singular" choca frontalmente con el régimen común autonómico. De hecho, el plan se basa en cuatro puntos, cuyo desarrollo acabaría modificando las bases del actual modelo de financiación, consolidando de paso las asimetrías en el reparto de recursos que tradicionalmente ha reclamado CiU.
1. El PPC pide al Estado que incremente el número de impuestos cedidos a la región, así como la participación de Cataluña en la cesta de impuestos estatales.
2. También propone establecer fórmulas de colaboración entre la Agencia Tributaria de Cataluña (Hacienda propia) y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria para la gestión, recaudación, liquidación e inspección de la totalidad de los impuestos propios, cedidos y transferidos.
3. Respetar el principio de "ordinalidad" para "garantizar el mantenimiento de la posición catalana respecto a su propia renta per cápita después de aplicar los mecanismo de nivelación". De este modo, se pretende que la aportación de recursos por parte de Cataluña al resto de regiones mediante la LOFCA no reduzca, en ningún caso, la renta per cápita de los catalanes, limitando así la denominada solidaridad interterritorial.
4. Asimismo, aunque propone garantizar el principio de solidaridad, la propuesta incorpora importantes matices, como el hecho de que las aportaciones catalanas al resto de regiones deban ser de carácter "finalista para no perjudicar la capacidad de crecer y competir de la economía catalana". De este modo, también se limitarían las transferencias catalanas ya que, en esencia, se dejaría de aportar dinero a aquellas CCAA que no alcancen ciertos niveles de crecimiento o reducción del paro. El carácter finalista sería similar al que aplica por ejemplo la UE en el reparto de fondos estructurales entre países miembro.
"Estado del Bienestar" catalán
Por otro lado, el PPC pretende que "los nuevos recursos que genere este nuevo sistema de financiación" se destinen a "sufragar las políticas básicas del Estado del Bienestar, a políticas de fomento del crecimiento económico y de creación de empleo, así como al cumplimiento de las legislación catalana en materia de limitación del déficit" y reducción del endeudamiento. De igual manera, establece que la Administración catalana deberá de hacer partícipes de una parte sustancial de tales ingresos a las corporaciones locales.
En este sentido, la formación de Alicia Sánchez Camacho considera que la Generalidad debe priorizar la salida de la crisis, generando más ocupación con medidas concretas y conformando un gran pacto catalán a favor del empleo. Para ello, defiende una nueva política industrial basada en la internacionalización, la investigación y la innovación, una mejor formación de los trabajadores, un mayor acceso a la financiación de autónomos y pymes, y una simplificación de la burocracia.
Contra la declaración de soberanía
Este nuevo esquema de financiación "singular" no es nuevo, ya que el PPC incluyó esta propuesta en su programa electoral de cara a las recientes elecciones regionales. Y ello, con el objetivo "de resolver el problema sistemático de insuficiencia financiera de la Generalidad para atender a sus competencias".
El PPC trata así se desmarcarse de las cinco formaciones políticas (CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA y PSC) que han presentado propuestas de resolución sobre una declaración de soberanía y el "derecho a decidir" de Cataluña. Ha situado "fuera de la ley" la declaración de soberanía que CiU y ERC registraron el martes en el Parlamento autonómico, en la que ya no hablan de estado propio de la UE, pero sí del "derecho a decidir" de los catalanes, indicando que, pese a los cambios, el texto pactado entre CiU y ERC sigue siendo ilegal y se sitúa fuera "del Estatut".