Hace algún tiempo John Kay, el destacado columnista del Financial Times, publicó un artículo en el que aceptaba de entrada que la Seguridad Social es un sistema de los llamados Ponzi, en recuerdo del estafador neoyorquino Charles Ponzi. Es decir, se trata de una estrategia económica en donde las deudas pendientes se pagan con nuevas deudas. En efecto, dice Kay, la Seguridad Social no es realmente un sistema de pensiones, porque no es un sistema de capitalización: no existe un capital ahorrado del que se obtengan unos rendimientos en forma de prestaciones, sino que en cada momento los cotizantes pagan a los pensionistas. Hasta ahí, algo sabido, aunque no es habitual que en la prensa se lo reconozca explícitamente como un Ponzi scheme. Pero John Kay, después de haberlo admitido, añade: ¿y qué pasa?, ¿acaso no está muy bien?
Para defender el Estado de Bienestar y el sistema político de las pensiones de reparto recurre a Samuelson, que, típicamente, desconfió de los arreglos libres y voluntarios. Ante la alternativa de ahorrar para la pensión o forzar a los jóvenes a que cuiden a los viejos, aseguró que lo mejor era "el contrato de la Seguridad Social", que resulta preferible para todas las generaciones menos para la del Juicio Final... que no cobra.
La trampa aquí, aparte de la falacia de considerar siempre que el ahorro privado, libre y voluntario es una cosa mala, inestable, impredecible, etc., reside en considerar al Estado como un contrato, falacia ya señalada por Hume y los ilustrados escoceses en el siglo XVIII.
A pesar de Rousseau, no hay tal cosa como un contrato social para crear el Estado, y mucho menos un contrato mediante el cual cada generación de seres humanos acuerda hacer frente a los pasivos creados por sus predecesores, a su vez a la espera de que sus sucesores hagan otro tanto. Este camelo, también llamado púdicamente "solidaridad intergeneracional", olvida que no puede haber contrato si las partes carecen de la posibilidad de no firmarlo.