Uno de los contrates más llamativos que hemos vivido durante los últimos años ha sido que la exacerbada crítica a la desregulación bancaria ha ido de la mano de la quejosa indignación por la falta de crédito. Acaso no se entienda que el peor subproducto de esa supuesta desregulación vivida durante las décadas previas fue la borrachera de crédito barato que recibió la economía privada y que terminó por gestar fenómenos tan disparatados como la burbuja inmobiliaria y el sobreendeudamiento privado; o que querer hiperregular a la banca, imponiéndole todo tipo de espartanos requisitos de capital y liquidez equivale a condenar a nuestras economías a una sequedad del crédito en relación con la fiesta de deuda a la que estábamos acostumbrados.
Resulta, pues, que la mayor parte de nuestra opinión pública quiere lograr sendos objetivos incompatibles: regular a la banca para que no repita los excesos crediticios de la pasada década y, al tiempo, mantener las laxas condiciones de financiación que esos excesos han permitido. Cuadratura del círculo de imposible cumplimiento que necesariamente degenera en engaños, frustraciones y descapitalizaciones generalizadas. No otra cosa, por cierto, arrojará Basilea III, el nuevo marco regulatorio por el que se regirán nuestros bancos a partir de 2015.
Fracasados Basilea I y, sobre todo, Basilea II (la regulación actual a la que muchos tildan de desregulación culpable), seguimos con la huida hacia adelante e implementamos Basilea III. Si Basilea II se concentraba en monitorizar los riesgos que asumían los bancos y en exigirles que contasen con coberturas de capital suficientes para absorber las eventuales pérdidas, Basilea III añade otra provisión básica: que los bancos también cuenten con coberturas de liquidez suficientes para afrontar una crisis de financiación (corrida bancaria clásica, cierre del interbancario, quiebra de market makers...) como las padecidas por Northern Rock, Bear Stearns y, en cierto modo, Lehman Brothers durante los años 2007 y 2008.
Desde luego, Basilea III ha supuesto un paso en la buena dirección en tanto que apunta al problema esencial de nuestro sistema financiero: el descalce de plazos y de riesgos que practica nuestra banca. Con tal de proporcionar tipos de interés artificialmente bajos a quienes solicitan un crédito a largo plazo o a quienes cuentan con una solvencia más que discutible, los bancos se dedican a redirigir parte del capital que les confían los ahorradores más conservadores y más a corto plazo hacia esas inversiones a largo plazo y harto arriesgadas: por ejemplo, depósitos a la vista (u operaciones repo intradía) que se emplean en financiar hipotecas a 40 años o ahorros para la jubilación que se dedican a comprar participaciones preferentes de entidades quebradas. Con ello, sí, se logra que los tipos de interés a largo y de alto riesgo sean mucho más bajos–merced a lo cual, a su vez, durante un tiempo vivimos un auge de inversión generalizada y alocada–, pero a costa de instalar una descoordinación estructural dentro del sistema económico que termina abocándonos a un doloroso colapso del chiringuito crediticio: es lo que se conoce como ciclos económicos.
Basilea III, tal como estaba configurada, buscaba maquillar y contener un poquito el gigantesco descalce de plazos y riesgos que practica nuestra banca. Pero sólo se quedaba en la superficie: era como recortarle las uñas a un león con la esperanza de que no nos destripe y nos devore. Máxime cuando las bases del sistema financiero moderno, un banco central monopolístico que emite un papel moneda inconvertible y una garantía estatal (implícita en algunos casos e explícita en otros) de los pasivos bancarios, seguían en pie. ¿Cómo no esperar que, dentro de los amplios márgenes que permitía Basilea III, los bancos no siguieran practicando enormes descalces de plazos y de riesgos si los bancos centrales se dedican a refinanciar todos los vencimientos a corto plazo de sus pasivos (despejando cualquier posible quebranto de practicar el descalce de plazos) y los Estados a rescatar a sus acreedores cuando vienen mal dadas (despejando cualquier posible quebranto de practicar el descalce de riesgos)? Absurdo querer limitar por unas vías lo que el propio sistema promueve hasta el disparate más insostenible por otras mucho más potentes.
Y si Basilea III, en su configuración actual, ya resultaba manifiestamente insuficiente, imaginen qué sucederá con la penúltima flexibilización conocida: ¡los bancos podrán emplear muchas de sus inversiones en acciones, bonos empresariales e incluso hipotecas como activos de tesorería! Es decir, los reguladores están asumiendo que si el mercado se cierra absolutamente, los bancos podrán obtener financiación vendiendo acciones o deuda hipotecaria. ¿Pero a quién se la venderán si justamente en ese contexto de sequedad absoluta de crédito no hay contraparte? Con todo, el problema esencial no es ese (pues siempre encontraremos a alguien que proponga que en esos contextos el banco central de turno se convierta en basurero de última instancia), sino que, al incluir toda esta variedad de activos entre aquellos que regulatoriamente cubren los riesgos de liquidez, los propios reguladores están incentivando el descalce de plazos y de riesgos: los bancos podrán dirigir su capital a corto plazo (depósitos a la vista, por ejemplo) para acometer inversiones empresariales a 20 años... y sacar pecho diciendo que están cumpliendo con las regulaciones (consiguiendo, a su vez, que el público se despreocupe de controlar sus malas prácticas). A grandes rasgos, se trata del mismo sistema que el que nos ha conducido a la depresión deflacionaria actual.
Resulta ilusorio pensar que repitiendo los mismos errores vamos a alcanzar un resultado distinto al actual; como también lo es pensar que manteniendo el entramado institucional actual, vamos a modificar en lo más mínimo esas prácticas. El problema de fondo no es la falta de una regulación adecuada, sino la presencia de fortísimos privilegios para la banca (banco central y garantías estatales implícitas) que la incentivan a saltarse cualquier regulación que se apruebe. El camelo de la desregulación es sólo una excusa para que Estados y bancos mantengan los privilegios que nos han abocado al desastre actual. Aparentar que se tiene la situación controlada cuando, por definición, la innovación financiera siempre irá por delante de la regulación; el regulador mira al pasado, mientras que el banquero mira al futuro. Y aunque no lo hiciera, seguirían existiendo mecanismos para forzar el sistema cumpliendo la regulación: el caso más patente es la muy tradicional banca española, que sin haber invertido en instrumentos ultracomplejos (crédito tradicional al ladrillo) ha generado una depresión tan o más devastadora que la estadounidense.
Lo razonable, en suma, es buscar una autorregulación de verdad, esto es, una autorregulación sin privilegios, donde el banquero sea el principal interesado en adoptar pautas de comportamiento prudentes porque, en otro caso, o suspenderá pagos o quebrará. Hacernos trampas al solitario creyendo que el Estado quiere y puede mantener a raya una banca privilegiada sólo contribuye a arar el terreno para la próxima depresión deflacionaria.
Acaso, sin embargo, sería injusto echarles solamente la culpa a los reguladores y a los banqueros: mientras la mayoría de la sociedad siga siendo adicta al crédito barato, toda regulación (o desregulación sin privilegios) que ponga realmente coto a ese crédito barato no tiene ningún viso de prosperar. Y Occidente, pese a la crisis provocada por el crédito barato, sigue reclamando mucho más crédito barato, sobre todo (aunque no exclusivamente) sus Estados; principales interesados en que la fiesta del sobreendeudamiento sufragado por los bancos no termine. Por eso, oh casualidad, la deuda pública tiene un tratamiento privilegiado en todas las regulaciones habidas y por haber. El perverso maridaje que nadie quiere romper.