La mayor privatización de un servicio público en Cataluña dio ayer un vuelco inesperado. El pasado seis de noviembre, la Generalidad adjudicó al consorcio liderado por Acciona la privatización de la gestión de la empresa pública catalana Aigües Ter Llobregat (ATLL), encargada del control del agua. Acciona presentó la mejor oferta económica y se impuso a Aguas de Barcelona (Agbar). Acciona pasaría entonces a ser la encargada de la construcción, mejora y explotación de las instalaciones que constituyen la red de abastecimiento de ATLL, incluyendo el tratamiento, almacenamiento y transporte de agua durante 50 años.
El pasado 27 de diciembre la Generalidad ya ingresó un primer pago, de 298,6 millones de euros, (de los 1.000 en que está valorada la concesión del servicio de agua por 50 años) por parte de Acciona, unos ingresos que le permitieron pagar las nóminas y cumplir sus previsiones de déficit público.
Pues bien, el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC)- un organismo adscrito a la presidencia de la Generalidad- emitió este miércoles un fallo en el que estima el recurso que presentó Agbar contra su competidora y ganadora del concurso (Acciona) por considerar que esta pudo presentar una mejor oferta porque en lugar de comprometerse a hacer una serie de obras en 10 años, lo hacía en un plazo más largo y esto le daba una ventaja competitiva respecto a los otros concursantes.
Agbar alegó que la oferta técnica de Acciona incumplía las condiciones establecidas en los pliegos del concurso, ya que ha modificado el calendario de ejecución de obras, posponiendo las inversiones exigidas. Según alegó Agbar, "si los otros licitadores hubieran sabido que podían programar las inversiones exigidas más allá del calendario establecido en los pliegos hubieran podido modificar las ofertas, no solo la técnica sino la económica".
La OARCC, que es un organismo que vela por la transparencia en la licitación pública de Cataluña, ha dicho que la propia consejería reconocía que Acciona "modificaba la distribución anual de las inversiones respecto a la propuesta formulada en el pliego, situando algunas actuaciones en un horizonte temporal superior al de referencia", por lo que puntuó cero en este apartado.
Por su parte, la consejería entendió que el calendario de inversiones no entraba dentro de la parte contractual.
Acciona reclama los 300 millones
Entre tanto, el consorcio de Acciona sigue operando la red de abastecimiento de Aigües Ter-Llobregat (ATLL) pese a la resolución del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Generalidad de Cataluña que ha estimado parcialmente el recurso presentado por Aguas de Barcelona.
La compañía ha comunicado hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que el contrato suscrito entre la Generalidad de Cataluña y el consorcio adjudicatario (liderado por Acciona y BTG Pactual) sigue siendo "jurídicamente válido y vigente hasta la fecha".
Por ello, el consorcio "está gestionando desde el 1 de enero la red ATLL". El grupo que preside José Manuel Entrecanales ha advertido de que, en el supuesto de que la Generalidad decidiera anular y resolver el contrato vigente, el consorcio tiene derecho a "la devolución inmediata" de los 298,6 millones de euros satisfechos ya como parte del canon concesional y a la reparación de daños y perjuicios.
Asimismo, los servicios jurídicos del consorcio preparan "las acciones que procedan en derecho para defender sus legítimos intereses". La decisión del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Generalitat puede ser recurrida en un plazo de dos meses, ante al Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.