El Ministerio de Economía ultima los detalles del anteproyecto de ley de servicios profesionales, con el objetivo de aprobarlo en el primer trimestre de este año. Esta nueva norma se encuadra dentro del Plan Nacional de Reformas estructurales que el Gobierno pretende poner en marcha durante los próximos meses.
La liberalización de los servicios profesionales en España es una de las grandes recomendaciones lanzadas desde la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional para tratar de mejorar la competitividad de un sector que, hoy por hoy, supone casi el 30% del empleo universitario. Según una reciente presentación sobre la reforma elaborada por el Ministerio de Economía, este tipo de servicios sufre una "regulación excesiva, obsoleta y conflictiva". Además, existe un "mapa colegial confuso, excesivamente territorializado en algunas profesiones, y con obligaciones de colegiación diferentes según CCAA".
Por ello, el departamento que dirige Luis de Guindos pretende configurar un nuevo marco que "aclare, simplifique y sistematice la regulación de los servicios profesionales, estableciendo el mapa de obligaciones de colegiación y simplificando las reservas de actividad existentes" para fomentar la competencia. Entre otras cuestiones, reduce las reservas de actividad a las "estrictamente justificadas", al igual que la colegiación obligatoria, al tiempo que moderniza la regulación de los colegios profesionales.
Así, partiendo de un principio general de "libertad de acceso y ejercicio", todas las reservas de actividad y obligaciones de colegiación que no se recojan en la reforma quedarán "derogadas". Además, el borrador establece que quien acceda a una profesión regulada podrá ejercerla en todo el territorio nacional, con independencia de la normativa específica de cada comunidad autónoma. En este sentido, el texto nace con un claro afán liberalizador.
Por otro lado, si bien el ejercicio de algunas actividades seguirá siendo competencia exclusiva de ciertos colectivos, la reforma incluye algunos cambios que afectan de forma directa a los ingenieros, arquitectos, abogados y farmacéuticos.
Los ingenieros podrán edificar viviendas
Así, el proyecto extiende a los ingenieros la reserva exclusiva de actividad para proyectar y dirigir obras de edificios residenciales, culturales, docentes o religiosos, que hasta ahora sólo poseían los arquitectos. Es decir, ambos profesionales podrán construir viviendas, lo cual ya ha disparado las protestas en el colectivo de arquitectos.
Por otro lado, hasta ahora, la dirección para ejecutar una obra correspondía exclusivamente al arquitecto técnico si ésta había sido proyectada por un arquitecto. La reforma, sin embargo, permite que esta tarea también pueda ser realizada por un arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico con independencia de quién haya sido el proyectista y del tipo de edificación.
Abogados y procuradores
En el ámbito de las profesiones jurídicas, el Gobierno pretende suprimir la incompatibilidad entre el ejercicio simultáneo de las profesiones de abogado y procurador; que los abogados puedan ejercer la profesión de procurador sin necesidad de colegiarse en un Colegio de Procuradores; modifica la Ley de Acceso a las profesiones de Abogado y Procurador, para suprimir la exigencia de examen de Estado habilitante, aunque exige su colegiación obligatoria para poder actuar ante los tribunales; y permitir que cualquier profesional, en el caso de profesiones de colegiación voluntaria, puedan apuntarse a las listas para poder ejercer de perito judicial.
Cualquiera podrá abrir una farmacia
Por último, el texto recoge la posibilidad de que cualquier empresa o particular pueda abrir una farmacia sin necesidad de ser farmacéutico, como hasta ahora. La única exigencia es que la dirección del establecimiento se reserve en exclusiva a los titulados en Farmacia (podrán ser contratados). También se permite que químicos o biólogos se encarguen de la producción y conservación de medicamentos. En todo caso, se mantiene la colegiación obligatoria para el acceso a la profesión de farmacéutico. Estas medidas supondrían un cambio radical del actual modelo farmacéutico español.