Desde hace siete años, Health Consumer Powerhouse, una organización de consumidores sueca especializada en sanidad y que colabora con la Comisión Europea, realiza el Euro Health Consumer Index (EHCI), un informe en el que se mide la calidad del sistema público de salud de 35 países del Viejo Continente. Los parámetros para organizar la clasificación son cinco: derechos de los pacientes e información (175 puntos), listas de espera (250 puntos), resultados (300 puntos), servicios cubiertos (175 puntos) y productos farmacéuticos (100 puntos), para un total máximo de 1.000 puntos.
Desde su creación, los primeros puestos han estado ocupados por los sospechosos habituales en los rankings de países con mejor calidad de vida: Dinamarca, Islandia, Luxemburgo, Suecia o Suiza. Los países nórdicos y los dos estados más capitalistas del continente no sólo encabezan año tras año los índices de libertad económica, sino que con la riqueza que generan sus ciudadanos han sido capaces de construir un buen modelo de servicios públicos, en el que, por otro lado, están normalmente muy presentes los proveedores privados.
Sin embargo, en lo que respecta a los sistemas sanitarios, hay un país que destaca desde hace años, edición tras edición del EHCI: Holanda. En el número de 2012 obtiene 872 puntos y le saca 50 a Dinamarca, que ocupa la segunda posición. Tanto una cifra como la otra son excepcionalmente buenas y demuestran que el modelo neerlandés funciona. Es lógico que cualquiera con un mínimo de curiosidad se pregunte por qué es tan bueno este sistema.
El modelo
Desde 2006, en un proceso que contó con el consenso de los principales partidos del arco parlamentario, tanto a izquierda como a derecha, está en vigor en Holanda un modelo muy novedoso que podría resumirse como de financiación pública y prestación de servicios privada. Es decir, que el Estado asegura a todos sus ciudadanos que quedarán totalmente cubiertos, sin importar su edad o historial clínico, pero son las empresas del sector las que compiten por atraer a los clientes/contribuyentes.
En primer lugar, la legislación neerlandesa obliga a todos los ciudadanos a contratar un seguro médico. La normativa establece un catálogo mínimo de prestaciones que toda compañía aseguradora debe ofrecer y que está entre los más completos de todos los sistemas públicos europeos. Y una cuestión importante, las empresas que compiten en este mercado tienen prohibido rechazar a los pacientes en función de su edad o historial clínico. Es más, reciben un plus por parte del Estado si una persona perteneciente a un grupo de riesgo acaba contratando su póliza, por lo que muchas empresas incluso buscan a este tipo de asegurado.
La segunda cuestión importante es quién paga este seguro. Lo cierto es que se abona entre el Gobierno, las empresas (a sus empleados) y los propios asegurados. Este año, la cuota mensual que debía abonar el paciente estaba en el entorno de los 100 euros por adulto (los niños de cada familia están incluidos en la póliza de sus padres). Eso sí, para aquellos que temen este sobrecoste en los bolsillos de unos contribuyentes ya muy asediados, el Estado holandés asegura una serie de ayudas en función de los ingresos. Hasta el 70% de los hogares del país recibe algún tipo de subvención pública para ayudar en el pago del seguro. Por ejemplo: en 2010, para una persona soltera que viviera sola y ganase 33.000 euros, la ayuda mensual alcanzaba los 61 euros. Y en el caso de hogares de muy bajos ingresos, el Estado puede llegar a pagar la práctica totalidad del seguro.
Además de esta póliza, cada holandés tiene que pagar cada año una pequeña cantidad que se asemeja a un copago del que va tirando en sus primeras visitas al médico (este año era de 220 euros). De esta manera, cuando acude por primera vez al especialista o acude a la farmacia es como si sacara dinero de esta especie de cuenta personal. En el momento en que la agota, entra en juego el seguro privado del que hablábamos antes.
El resto del sistema
Éstas son las características más importantes del modelo holandés. Como decíamos antes, básicamente consiste en que el Estado se cerciora de que todos los ciudadanos están asegurados, pero luego son estos los que deciden a quién confían la provisión de los servicios. Esto tiene una serie de ventajas que, a pesar de lo poco que lleva el sistema en vigor, apenas desde 2006, ya han comenzado a dar sus frutos:
- Grandes enfermos: siempre que se habla de seguros de salud hay quien habla de los incentivos perversos que tienen las compañías para rechazar o no tratar de forma adecuada a los enfermos más graves o crónicos. Como explicamos más arriba, el Estado neerlandés paga una prima por los grupos de riesgo, por lo que las compañías no tienen esos incentivos para excluirles (algo que, por otro lado, no podrían hacer porque está prohibido por ley). Pero además, en el caso de enfermos crónicos o de enfermedades especiales, existe un seguro público que cubre este tipo de tratamientos.
- Competencia: este modelo ha disparado la competencia entre las compañías aseguradoras privadas. Decenas de ellas ofrecen sus servicios a todos los ciudadanos, se anuncian y buscan atraer clientes que mejoren su cuenta de resultados. Luego, en el trato diario, su objetivo es agradarles, para conseguir de este modo que repitan año tras año. Los holandeses incluso bromean en que tienen demasiadas alternativas entre las que elegir, dentro de un mercado vibrante y dinámico.
- Más servicios: evidentemente, aunque el catálogo mínimo de prestaciones en realidad cubre mucho más que en otros países europeos, las compañías pueden ofrecer a quien así lo desee complementos en el seguro (desde servicios dentales, hasta fisioterapia, pasando por mejores condiciones de hospitalización). Quien lo desee, puede pagar complementos a su póliza y cubrir así estas necesidades especiales.
- Coste: lo que hay que tener en cuenta es que este modelo no es barato, aunque una de las razones es que los holandeses no quieren que lo sea. Los ciudadanos del país valoran los servicios de las aseguradoras y un porcentaje elevado contrata extras respecto al mínimo legal establecido. Así, el coste por habitante y año subió en 2010 a los 3.890 euros, sólo superado en Europa por Noruega y Suiza. También desde el punto de vista porcentual el gasto es elevado, puesto que alcanza el 12,0% del PIB, por encima de Francia, Alemania o Dinamarca. Lo que hay que pensar es si merece la pena tener el mejor sistema del continente, incluso aunque cueste algo más. Casi todo el mundo considera su salud como el más preciado de los bienes; por eso, a mucha gente no le importa pagar algo más por un buen servicio, con más motivo si tiene capacidad de elección sobre quién quiere que sea su médico.