El golpe de Bruselas contra el humo ha puesto en pie de guerra a todos los sectores que participan en el proceso de elaboración del tabaco. En España, desde los agricultores hasta los expendedores (pasando por fabricantes, mayoristas o la propia CEOE) se han unido bajo el nombre de la Mesa del Tabaco para luchar contra la nueva Directiva europea sobre este producto.
La Comisión Europea publicó el miércoles su nuevo plan antitabaco, en el que impone un gran número de medidas de estandarización de los cigarrillos que afectan, sobre todo, al formato de las cajetillas y a sus ingredientes. Respecto al aspecto del envase, Bruselas ha establecido que las advertencias sanitarias ocuparán el 75% del paquete de tabaco, tal y como avanzó Libre Mercado.
El portavoz de la Mesa del Tabaco, Juan Páramo, ha asegurado este jueves en rueda de prensa que a eso hay que sumarle la etiqueta fiscal, las leyendas informativas de los laterales y el mensaje de prohibición a los menores. "Entonces, las compañías tabaqueras solo dispondrán del 10% del espacio para promocionar su marca. Esta medida es una imposición del empaquetado genérico encubierta y una clara expropiación de los derechos de propiedad industrial e intelectual de las empresas", ha asegurado. Actualmente, las advertencias ocupan el 40% de la superficie de las cajetillas.
Esta medida deriva de la ley australiana de 2011, que impuso un paquete de tabaco blanco y sin logos. Bruselas ha descartado esta opción, pero hay que dejar claro que ésta es una ley de mínimos. Los estados miembros podrán ir más allá con las prohibiciones aunque, por el momento, el Gobierno de España no se ha pronunciado.
Otra de las partes más polémicas de la normativa hace referencia al sabor de los cigarrillos. El Ejecutivo comunitario está elaborando una 'lista negra' con el tipo de tabaco que va a sacar del mercado. Su objetivo es eliminar cualquier cigarrillo que tenga un sabor "característico" (aquí estarían incluidos los pitillos mentolados, los de vainilla o los que de sabor a chocolate).
Pero la Mesa del Tabaco va más allá en este tema. "Pronto se conocerá la lista, pero lo que quieren es que todos los productos sepan igual. Con la excusa de que el tabaco sea menos atractivo van a homogeneizar el sabor", dice Páramo en declaraciones a Libre Mercado. "Los consumidores no van a poder distinguir entre un tabaco u otro y las compañías solo van a poder competir bajando precios", añade. Esta idea contradice el objetivo de la Directiva europea de desincentivar el consumo en general e impedir el acceso a los menores.
La CE va a regular también derivados del tabaco que no contemplada la antigua ley, como el cigarro electrónico, y mantiene la prohibición del snus sueco (un tabaco de mascar muy popular en ese país).
España, uno de los países más afectados
La Mesa del Tabaco también ha alertado de las graves consecuencias económicas y sociales que va a suponer la aplicación de la nueva ley. La Directiva europea podría destruir 56.000 empleos y el Estado dejaría de ingresar unos 9.600 millones de euros vía impuestos.
"España es el cuarto país de Europa productor de tabaco. Nuestros productos van a dejar de ser atractivos porque la calidad o la diferenciación de unos productos u otros va a dejar de ser un factor para competir", asegura Ricardo Miranda, el representante de los cultivadores. La autonomía más perjudicada por la decisión de la CE sería Extremadura, que en 2010 produjo el 92,5% de la hoja de tabaco de España.
Más contrabando de tabaco
La representante de los estanqueros de España, Salomé Ibáñez, ha explicado que esta medida contribuirá al aumento del contrabando en España, una actividad que se ha disparado en los últimos tres años. "Si todo el tabaco es igual, se lo ponemos mucho más fácil a falsificadores y contrabandistas", ha dicho.
Ibáñez asegura que, actualmente, el 12% del tabaco que hay en circulación en España es de contrabando y que en la Línea (Cádiz) llega incluso al 30%. "De toda la UE, Irlanda es el país que más tráfico de tabaco ilegal sufre (en torno al 35%) y tememos que pueda pasar lo mismo en España", explica. "Queremos denunciar el intervencionismo extremo de Bruselas en un sector que ya está excesivamente regulado. Estas medidas son desproporcionadas y en los países donde se ha aplicado anteriormente (como Australia) no hay datos que avalen su eficacia", concluye el portavoz del sector.