El cierre anticipado de la central nuclear de Garoña podría ser el aperitivo de lo que sucederá en España a medio plazo con el sistema energético español. La planta burgalesa ha sido la primera víctima del impuestazo eléctrico que está tramitando el Gobierno con el objetivo de solventar el grave problema del déficit tarifario. Las nuevas tasas sobre la energía nuclear hacen inviable la central, de ahí que Nuclenor, su propietario, rechazara renovar su licencia para seguir operando hasta 2019 como pretendía el PP.
Pero no será la única, según los expertos. Durante unas jornadas celebradas el pasado lunes por la Real Academia de Ingeniería (RAI) sobre los problemas del sector energético, José Casas Marín, subdirector general de estrategia, regulación, medioambiente y desarrollo sostenible de Endesa, alertó de que los nuevos impuestos acabarán provocando el cierre de todo el parque nuclear español a partir de la próxima década, así como de las centrales térmicas que emplean carbón.
"El parque nuclear español (7.455 MW, incluida Garoña) cerrará progresivamente a lo largo de la próxima década, porque las inversiones de extensión de vida útil (más allá de los 40 años) se hacen inviables con los nuevos impuestos y tasas", alerta.
Asimismo, estas mismas tasas impedirán que las centrales térmicas de carbón puedan acometer las inversiones necesarias para poder cumplir con la Directiva de Emisiones Industriales de la Comisión Europea. Esta orden comunitaria exige cerca de 2.000 millones de euros en inversiones extra para poder amoldar estas plantas a las exigencias medioambientales que impone la UE. Esta obligación era ya de por sí todo un reto para el sector, pero la aplicación de los nuevos impuestos lo convertirá en misión imposible. Según Casas, la reforma energética del Gobierno supondrá el cierre de las centrales de carbón (10.453 MW) "como máximo en 2023".
Como resultado, "con los nuevos impuestos, a mediados de la próxima década deberá cerrar el 45% del parque generador actual en régimen ordinario", casi 18.000 MW de capacidad, con la consiguiente "pérdida de diversificación de las fuentes de energía y de seguridad de suministro", añade.
La rentabilidad de la nuclear es ya de por sí exigua, pero la subida de impuestos hará que ésta sea negativa, al igual que la red insular y extrapeninsular. Y ello, sin tener en cuenta que España precisará construir casi 20.000 MW extra de nueva capacidad firme en el horizonte de 2028 para cubrir la demanda potencial.
El problema del déficit tarifario
El académico de la RAI Eloy Álvarez Pelegry resumió los graves desequilibrios que presenta el sistema eléctrico español durante la presentación del acto: excesiva oferta actual (potencia instalada) por la caída de la demanda que ha provocado la crisis; unos costes de generación muy superiores a la remuneración que perciben las eléctricas (precio de la luz), con el consiguiente déficit de tarifa; y el fuerte apalancamiento que afrontan las grandes empresas del sector para financiar el citado déficit.
El origen del problema, según Álvarez, estriba en la negativa de los políticos a repercutir el coste real del sistema sobre el precio final de la electricidad que pagan consumidores y empresas, ocultando así las graves deficiencias existentes desde hace años, "unos costes que no han dejado de subir desde 1998" como consecuencia de la burbuja de las renovables -englobadas en el régimen especial-, tanto por el aumento de las potencia instalada como de las primas.
La burbuja de las renovables
El encuentro reunió a expertos de las cinco grandes compañías del sector energético español, y a excepción de los representantes de Acciona (eóllica) y Abengoa (solar), la mayoría coincidió con este diagnóstico (Iberdrola, Gas Natural Fenosa y Endesa). El déficit tarifario no ha dejado de crecer estos últimos años y se aproxima ya al 3% del PIB, más de 25.000 millones de euros.
La razón de tal crecimiento estriba en el aumento de las primas verdes (un 462% en los últimos 7 años) y el sustancial incremento de la potencia instalada por parte de las renovables (135% desde 2005), sobre todo en fotovoltaica y termosolar, que multiplica varias veces las previsiones elaboradas en 2005, un 976% y un 385%, respectivamente.
El sobrecoste de las renovables seguirá en aumento, pasando de casi los 7.000 millones en 2011 a rozar los 9.000 millones en 2013. No por casualidad, "España es el país europeo en el que los consumidores eléctricos asumen un mayor coste por apoyar a las energías renovables".
El impacto del 'impuestazo'
Sin embargo, en lugar de combatir el origen del problema, pinchando la burbuja verde, el grueso de las medidas aprobadas por el PP impacta sobre la generación tradicional de electricidad. Así, el Gobierno paralizó el cobro de primas renovables, pero sólo para nuevos proyectos (Real Decreto 1/2012), sin efecto alguno; redujo de forma sustancial la retribución de las eléctricas por distribuir la electricidad (RDL 13/2012 y RDL 20/2012), con un coste próximo a los 1.000 millones; y, por último, propuso el polémico impuestazo, con siete nuevas tasas, por un importe anual de 3.408 millones brutos.
En total, dichas medidas pretenden recaudar 4.404 millones al año, de los que casi 2.800 millones (64%) serán aportados por las eléctricas tradicionales. Tan sólo 815 millones recaerán sobre el régimen especial, según los cálculos de Endesa.
En el caso concreto del impuestazo, éste castiga con más dureza a la energía hidráulica (22,4% de sus ingresos), al carbón (17%) y a la nuclear (16,5%), mientras que apenas supone el 7% de los ingresos de las renovables (eólica, fotovoltaica y termosolar).