Los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete inician mañana su última cumbre del año, en la que buscarán pactar una hoja de ruta de mínimos -con escasos compromisos de medidas concretas y calendario- para corregir los problemas estructurales de la eurozona. El objetivo de este plan es garantizar la irreversibilidad del euro y recuperar la confianza de los mercados.
El Consejo Europeo estará marcado por la dimisión del primer ministro italiano, Mario Monti, cuyo impulso reformista ha sido muy elogiado por la UE, y la amenaza de vuelta de su antecesor, Silvio Berlusconi, que ha hecho aumentar de nuevo el nerviosismo en los mercados.
Pese a ello, los líderes europeos tienen previsto diluir el plan original sobre el futuro de la eurozona elaborado por el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, y su principal novedad: la creación de un presupuesto específico para la eurozona, que financiaría las prestaciones por desempleo de los países en crisis.
Esta iniciativa no sólo se retrasa hasta después de 2014 -una vez celebradas las elecciones europeas y nombrada la nueva Comisión- sino que ni siquiera se da por hecha sino que figura en el proyecto de conclusiones como mera posibilidad. De hecho, Finlandia y Holanda se oponen al presupuesto para la eurozona y Alemania dice que si se pone en marcha debe ser "pequeño y bien dirigido".
Por lo demás, Berlín ha logrado imponerse a la Comisión, Francia y España al abortar el debate sobre los eurobonos. La mutualización de la deuda soberana ni siquiera se menciona en la propuesta de Van Rompuy ni en las conclusiones de la cumbre.
Madrid y París defendían la emisión de eurobonos como receta para estabilizar la eurozona. Pero Alemania se opone por considerar que ello reduciría la presión sobre los países en crisis para proseguir los ajustes y encarecería sus costes de financiación. Berlín ha conseguido además suprimir cualquier referencia a un sistema común de garantía de depósitos, considerado uno de los tres pilares de la unión bancaria.
En cambio, sí figura en el proyecto de conclusiones la exigencia a los países de la eurozona de firmar contratos bilaterales con las instituciones europeas en los que se recojan las reformas a las que se comprometen para mejorar su competitividad. Esta medida volverá a examinarse ya en marzo de 2013.
La prioridad, más disciplina
La prioridad en la hoja de ruta es completar la legislación que refuerza el Pacto de Estabilidad y da más poderes a la Comisión para intervenir en los presupuestos nacionales. Además, en 2013 se creará un mecanismo que obligará a los países de la eurozona a informar previamente a Bruselas de cualquier reforma económica importante que deseen emprender.
El plan plantea aprobar antes de marzo de 2013 el "marco operativo" que permita la recapitalización directa de los bancos en crisis a cargo del fondo de rescate de la UE. No obstante, varios países liderados por Alemania creen que esta fecha es demasiado ambiciosa y podrían forzar un nuevo retraso.
Además, la Comisión presentará el año que viene una propuesta para crear un fondo de liquidación común de la eurozona que se prefinanciaría con aportaciones de la banca, con el fin de evitar que sean los contribuyentes los que asuman el coste de futuras crisis.