A propósito de los desahucios, afirmó José Manuel García-Margallo, ministro de Asuntos Exteriores:
En circunstancias normales, los contratos están para ser cumplidos, pero estamos en una situación excepcional. Si se rompe la regla de juego y se ayuda a los bancos, es de toda lógica que se ayude a las personas que están sufriendo por los errores que se han cometido.
El obispo de Bilbao, monseñor Mario Iceta, criticó las medidas adoptadas, tachándolas de "paliativas, temporales y limitadas", y recomendó lo siguiente:
Hay que buscar medidas definitivas, y sería deseable que se adoptaran como fruto de un acuerdo entre los grandes partidos políticos.
Y un editorial de ABC apoyó al Gobierno a la hora de paralizar los desahucios y aconsejó
impulsar una política social necesaria en este momento crítico, armonizando los intereses de familias deudoras y los de las entidades acreedoras.
Dicen que García-Margallo aspira a ser vicepresidente económico. No me consta, pero tampoco me tranquiliza pensar que pueda ser vicepresidente de España un individuo que proclama que hay que cumplir los contratos sólo en circunstancias normales. Y encima pretende resolver el asunto alegando que los bancos han recibido ayudas.
Pues no cuela, empezando porque una intervención puede llevar políticamente a otra, en un bucle infinito, pero el proceso no es lógico ni inevitable. Y además, si el ministro aduce el argumento de las ayudas a los bancos, ¿qué diría si una familia necesitada fuera desahuciada por un banco que no las hubiera recibido? Como sería absurdo esperar que el señor García-Margallo aplaudiera estos desahucios, deberemos concluir que simplemente ha hablado para quedar bien, en plan populista, ignorando no sólo la realidad de los desahucios sino la realidad de la banca.
También inquieta que monseñor Iceta secunde el pensamiento único al concebir los problemas económicos y sociales como algo susceptible de arreglo con "medidas definitivas" mediante acuerdos entre partidos. Esto no es así, primero, porque las medidas políticas no solucionan necesariamente todos los problemas, y nunca lo hacen sin crear otros problemas nuevos. En segundo lugar, los acuerdos políticos no garantizan nada, porque los mismos que los firman los pueden incumplir sin soportar costes abrumadores. Y tercero, una cosa es el acuerdo político y otra cosa es remediar un problema social; monseñor Iceta advertirá fácilmente, por ejemplo, que si aumenta el gasto público eso no es exclusivamente bueno, porque necesariamente comporta una subida de impuestos.
Igualmente incurre en fantasías de este tipo el editorialista de ABC, porque la política social nunca armoniza los intereses de todas las partes. Por dos razones. En primer lugar, porque la política no incluye a todas las partes; por ejemplo, en este caso de la paralización de los desahucios, el coste repercutirá en los demandantes de crédito y en los deudores que, ante el estupor del ministro Margallo, cumplen con sus contratos, y sus intereses no son armonizados ni tenidos en cuenta por nadie. Y en segundo lugar, algo que la corrección política no se atreve ni a barruntar: la forma de armonizar realmente los intereses de todos es dejar a todos en paz.