La trama que el expresidente de la patronal Gerardo Díaz Ferrán y su socio, el fallecido Gonzalo Pascual, crearon en torno al grupo empresarial Viajes Marsans con la colaboración de Ángel de Cabo –actual presidente de Nueva Rumasa- para lucrarse y evitar hacer frente a las deudas contraídas con sus acreedores queda perfectamente explicada el auto donde el juez ha acordado este miércoles el ingreso en prisión del expresidente de la CEOE.
Según detalla la resolución, a la que ha tenido acceso este diario, "Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual –habrían diseñado una estrategia para alzarse con sus bienes aparentando insolvencia patrimonial. Como parte de esta estrategia, Ángel de Cabo, a través de empresas de su entorno, toma el control del Grupo Marsans".
Dicho plan tendría como "base" un acuerdo alcanzado entre los dueños de Marsans y De Cabo, "consistentes en el traspaso del grupo empresarial y sus derechos así como el patrimonio familiar y personal de los primeros al entramado de este último creando una aparente insolvencia". A cambio, cada propietario de Marsans debía recibir "cien mil euros mensuales hasta alcanzar la suma de ocho millones de euros, respectivamente".
En el auto, se detalla cómo Díaz Ferrán recibió las "mensualidades acordadas, directa o indirectamente por parte de De Cabo", para lo cual visitaba la sede de Ascendia en Valencia "cada dos o tres semanas". Su socio Gonzalo Pascual, sin embargo, no recibió "ningún pago de los estipulados hasta el momento de su fallecimiento".
Testaferros y colaboradores
El papel de De Cabo fue crucial ya que fue el "máximo responsable" de la captación de empresas con dificultades, aparentemente también de Viajes Marsans. Ángel de Cabo adquirió el Grupo Marsans "bajo la promesa de solucionar sus problemas económicos", aunque en realidad a él sólo le movía el "ánimo de lucro".
Para ello, el empresario valenciano dirigía "una organización configurada por un complejo sistema societario nacional e internacional" que incluía "una red de colaboradores y testaferros".
En esta trama corrupta, De Cabo contó con la férrea colaboración de dos personas de su máxima confianza Iván Losada –con capacidad de decisión en la trama- y Susana Mora, su secretaria que figuró como fiduciaria tanto en empresas nacionales y extranjeras del actual presidente de Nueva Rumasa.
Según la resolución judicial, el entramado de De Cabo recurría a "varios de los mecanismos utilizados tradicionalmente en procesos de ocultación patrimonial y blanqueo de capitales", entre los que se encontraban "la adquisición, constitución y uso de sociedades instrumentales, la interposición de testaferros y fiduciarios o la presunta simulación de contratos".
Del mismo modo, sus empresas llevaban a cabo "otros negocios jurídicos", entre ellos "operaciones de efectivo o asimilados (cheques bancarios al portador), numerosos traspasos de altas cantidades entre cuentas de los mismos titulares, la realización de operaciones sin un sentido económico aparente, estructuración y fraccionamiento en cortos espacios de tiempo y el uso de paraísos fiscales y jurisdicciones de riesgo".
El magistrado Eloy Velasco ha acordado este miércoles el ingreso en prisión de Gerardo Díaz Ferrán y Ángel de Cabo, ambos eludibles previo pago de fianzas de 30 y 50 millones de euros, respectivamente.