La advertencia fue directa: la Generalidad catalana "tiene unos planes de ajuste que tiene que cumplir". Más aún, tiene "una obligación legal" fruto de la "asistencia financiera" que le está sirviendo el Gobierno para poder hacer frente al pago de facturas. Así, la vicepresidenta no sólo puso encima de la mesa la que es una de las llamadas al orden más claras, sino que amenazó veladamente con parar en seco las ayudas si Artur Mas no aplica de inmediato el paquete de medidas necesario para alcanzar el objetivo de déficit.
Soraya Sáenz de Santamaría hizo extensible el aviso "a todas las comunidades autónomas", acogiéndose a una Ley de Estabilidad Presupuestaria que permite la intervención total de una región en caso de no hacer los deberes. Una respuesta contundente para confirmar que, hoy por hoy, Cataluña y Comunidad Valenciana exceden el 1,5% del PIB previsto para el cierre del ejercicio, lo que elevaría la cifra de déficit del Estado -situado por Bruselas en el 6,3%, e inamovible a pesar de las negociaciones-.
Tal y como desveló este diario el jueves, al montante de incumplidores se suma la Región de Murcia y, según algunas fuentes, otras varias comunidades se mantienen a raya por los pelos, y por ello también se les ha reclamado a través de distintos contactos esfuerzos adicionales.
En ello trabaja el Ministerio de Hacienda, que -no obstante- advirtió al presidente del Gobierno que la verdadera alerta proviene de los desfases de Cataluña y Comunidad Valenciana. Sobre la primera de ellas, y a tenor de las amenazas independentistas que aún rebajadas no cesan, la vicepresidenta las cortó incidiendo en que "hay que saber leer muy bien lo que dicen los ciudadanos -en relación al 15-N- y centrarnos en los esfuerzos económicos".
Sáenz de Santamaría dio dónde más duele: en el apartado de las ayudas. Aseguró que, en el marco de una relación institucional, el Gobierno de la nación "cumplirá" su parte, y a través del fondo de liquidez seguirá permitiendo el pagar a proveedores y otras necesidades básicas -el Ejecutivo, por ejemplo, vigila que el dinero no vaya para otras partidas, como el sostenimiento de las denominadas embajadas-. En el caso catalán, el Estado ya ha invertido 13.000 millones de euros.
Eso sí: la otra parte también tiene que acometer lo pactado. "Tiene unos planes de ajuste que cumplir y que le han permitido acceder al pago a proveedores, que le han dado liquidez y el pago para funcionamientos básicos. Es imprescindible para salir de la crisis", argumentó la portavoz en hasta tres ocasiones, no olvidándose de hacer extensivo el aviso al conjunto.
Mariano Rajoy, así lo asegura su entorno, está dispuesto a tomar cuantas decisiones sean necesarias para alcanzar el aval de Bruselas. "Sea cual sea, asumiendo con ello el coste político que suponga", en voz de un ministro muy próximo. La primera la tomó este viernes, anunciando muy a su pesar que el Ejecutivo no compensará a los pensionistas por la subida del IPC. Pero podría darse más, como el control de las cuentas de una comunidad o la intervención total. "Nada se descarta", según otro miembro del gabinete de perfil económico. "La prioridad de Gobierno y de país es cumplir con el objetivo de déficit público", sentenció Fátima Báñez, que aún hoy no pudo poner la mano en el fuego por ello.