España acaba de cumplir el último requisito que exigía Bruselas para empezar a desembolsar el rescate financiero acordado el pasado verano. Tras la aprobación de los planes de restructuración de los cuatro entidades nacionalizadas (en manos del FROB) el pasado miércoles, el Fondo permanente de rescate (ESM, por sus siglas en inglés) inyectará unos 37.000 millones de euros para garantizar la viabilidad de dichas entidades. En concreto, Bankia recibirá 18.000 millones de euros; Catalunya Caixa 9.000 millones; Novagalicia 5.500; y Banco de Valencia otros 4.500 millones.
Sin embargo, a cambio del dinero, las cuatro cajas auxiliadas (Banco de Valencia pertenecía anteriormente a Bancaja) tendrán que acometer un drástico plan de ajuste de oficinas y plantillas con el objetivo de reducir costes y volver a ser rentables. En principio, el plazo otorgado por Bruselas para llevar a cabo esta reestructuración se extiende hasta 2017, pero lo más probable es que se ejecute con mayor celeridad de la prevista. Así, Bankia prevé finalizar su reestructuración en 2015, mientras que Banco de Valencia también concluirá antes su particular ajuste tras ser adjudicada a CaixaBank.
Asimismo, aunque Bruselas exige que Catalunya y Novagalicia sean vendidas en un plazo máximo de cinco años (para evitar su liquidación), el Gobierno pretende adjudicarlas al mejor postor antes del próximo verano. Además, en ninguno de estos casos se pretende ofrecer al comprador un esquema de protección de activos que le cubra de posibles pérdidas en las carteras crediticias, como ha recibido CaixaBank para hacerse con el Banco de Valencia, según fuentes del Banco de España. El ajuste de plantillas y oficinas en ambos casos será determinado en última instancia por el futuro comprador, pero ya existen ciertos indicios sobre cómo se llevará a cabo.
El ajuste global
Durante el proceso de reestructuración, y en base a los datos previstos inicialmente, las cuatro cajas nacionalizadas reducirán sus plantillas en cerca de 13.000 empleados, un recorte del 38% con respecto al volumen actual de trabajadores (34.000). Por otro lado, cerrarán algo más de 2.300 oficinas, el 43% de las que mantienen abiertas en la actualidad (5.400).
Así pues, se trata del ajuste estructural de entidades más importante llevado a cabo en España desde que comenzó la crisis financiera. No en vano, desde 2008 hasta mediados de este año, bancos y cajas han reducido casi 27.000 empleados (un recorte del 10%) y 6.500 oficinas (un 14,2% menos respecto a 2008), de la cuales algo más de 4.400 se concentraron en el sector de las cajas de ahorros. De este modo, las cuatro nacionalizadas harán en apenas tres años cerca de la mitad del ajuste total efectuado por el sistema financiero español en cinco.
Reestructuración por entidad
Bankia, dado su tamaño, afrontará la mayor reestructuración en términos absolutos. Pretende reducir 6.000 empleados hasta 2015 (28% de sus plantillas), de 20.589 a unos 14.500; y cerrará unas 1.100 oficinas (39%), pasando de 3.117 a unas 1.900-2.000. En el caso del Banco de Valencia, CaixaBank baraja reducir a la mitad sus trabajadores, de 1.600 a unos 800, así como cerrar la mayor parte de sus oficinas, que pasarían de 350 a 35.
Por su parte, Novagalicia -incluyendo su filial Evo- pretende prescindir de 2.500 trabajadores (63%), de 4.564 a 2.960, y cerrar unas 330 oficinas (42% del total), de 787 a algo más de 450. Por último, aunque todavía se desconoce el plan concreto de Catalunya Caixa, Bruselas exigirá como mínimo una ajuste del 50% en ambas partidas, de modo que perderá unos 3.500 empleados (frente a los 7.000 actuales) y tendrá que cerrar unas 580 oficinas (de las 1.163 que tiene abiertas). En ambos casos, el ajuste de Novagalicia y de CatalunyaCaixa es muy prematuro, ya que los detalles definitivos sobre la reestructuración dependerán en última instancia de sus nuevos dueños una vez adjudicadas en subasta, pero difícilmente será inferior a dichas cifras.
Ayudas públicas de 67.000 millones
Por último, si bien es cierto que estas cuatro entidades recibirán 37.000 millones de euros procedentes del rescate europeo, la cuantía total de ayudas públicas facilitada es muy superior, según las propias estimaciones publicadas el miércoles por la Comisión Europea. En concreto, las autoridades comunitarias estipulan un apoyo público próximo a los 67.000 millones de euros. En este importe se incluye todo: desde el préstamo del Fondo de rescate europeo hasta las inyecciones previas del FROB, determinados avales, así como el traspaso de activos tóxicos (viviendas embargadas, suelo y crédito promotor) al banco malo (Sareb).
El reparto de ayudas, según Bruselas, sería el siguiente:
- Bankia: 36.000 millones de euros.
- Novagalicia: 10.000 millones
- CatalunyaCaixa: 14.000 millones
- Banco de Valencia: 7.000 millones
La divergencia de cifras entre lo que estima Bruselas (67.000 millones) y la suma del rescate europeo y el FROB estriba en que el traspaso de activos tóxicos por parte de estas entidades al banco malo también se contabiliza como ayuda pública, ya que no se efectúa a precios de mercado.