El pasado 3 de abril, tras incrementar las transferencias a las CCAA y avalar su pavoroso endeudamiento mediante los llamados hispabonos, el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, creyó oportuno enviar un mensaje contundente a los gobernantes autonómicos: ya no aceptaría "más excusas ni pretextos" en lo relacionado con la reducción del déficit. Montoro les recordó que la Ley de Estabilidad Presupuestaria (LEP) dispone de un mecanismo de "vigilancia, sanción e intervención" y que el Gobierno tenía herramientas a su alcance para "hacer cumplir" el objetivo de la "consolidación fiscal".
Pues bien. A día de hoy, y a un mes del cierre del ejercicio, no hay ningún organismo independiente, ya sea nacional o extranjero, que se crea que las autonomías vayan a cumplir sus objetivos de reducción del déficit, situado en el 1,5% del PIB. De hecho, hemos publicado un informe tremendo –el último Observatorio Fiscal y Financiero de las CCAA elaborado por Fedea– en el que se denuncia cómo un tercio de los Gobiernos regionales está maquillando sus cifras de gasto público para ocultar sus auténticos niveles de déficit.
La auténtica novedad del día, sin embargo, reside en que el Gobierno de Rajoy acaba de reconocer que algunas CCAA no van a cumplir sus objetivos de reducción del déficit. Aunque el reconocimiento oficioso del Gobierno de Rajoy se limite –por ahora– a los casos de Cataluña y Valencia, está por ver que cumpla sus advertencias y haga uso de las posibilidades de intervención que contempla la LEP.
Por mucho que, desde hace ya tiempo, los mercados estén dando por descontado el incumplimiento español de los objetivos de déficit para 2012, es innegable que una confirmación oficial por culpa de las autonomías mantendría o incluso elevaría la prima de riesgo de nuestro endeudamiento público.
Si el Gobierno de Rajoy no se atreviera a intervenir autonomía alguna, y dado que tampoco le queda tiempo en este ejercicio para acometer reformas estructurales que debía haber acometido desde el mismo principio de la legislatura, no faltan quienes auguran un inminente recorte de las pensiones como única posibilidad que tendría el Ejecutivo para calmar a corto plazo los justificados temores de los acreedores.
Sería una vergüenza que un Gobierno que no sólo ha avalado, sino que se ha hecho cargo de bonos patrióticos de manirrotos Gobiernos regionales –alguno de ellos en pleno desafío secesionista–, supliera la adicional indisciplina autonómica en el control del gasto con recortes a los pensionistas. Pero a esto, ciertamente, nos puede abocar el no querer ni plantearse la reforma de nuestro insostenible modelo autonómico, tal y como dijo en abril Rajoy. O el haber dejado aparcada hasta hace escasas semanas ya no la decisión de suprimir duplicidades, sino la creación de una comisión de expertos que estudiará en el futuro cómo erradicarlas. A eso nos lleva también el hecho de que no se haya cerrado o vendido una sola de las decenas de ruinosas televisiones con que cuentan las autonomías, por no hablar de las no menos onerosas y aun más abundantes empresas, fundaciones y chiringuitos autonómicos de todo tipo.
A injustos recortes como el de las pensiones, o a un más caro endeudamiento, nos llevan, en definitiva, las llamadas a la austeridad, las leyes de estabilidad presupuestaria y los objetivos de reducción del déficit cuando, simplemente, no se hacen cumplir.