Muchas autonomías y ayuntamientos han dejado de pagar nuevamente a sus proveedores, según han denunciado en diversas ocasiones empresas y autónomos. Después de que el Gobierno aprobara el mecanismo de pago a proveedores a fin de cubrir las facturas pendientes de años anteriores por un importe total de 27.000 millones de euros, ambas administraciones han vuelto a las andadas, retrasando de nuevo los pagos.
Así, según consta en los informes de ejecución presupuestaria que elabora el Ministerio de Hacienda, las "obligaciones pendientes de pago" por parte de las Comunidades Autónomas ascendieron a 12.082 millones de euros hasta el pasado agosto. Esta cifra ha descendido en 3.170 millones con respecto al mismo período de 2011, pero sigue siendo muy elevada. Además, habría que sumar la deuda que acumulan las Corporaciones Locales, con lo que el importe final sería mayor.
No en vano, cabe recordar que el mecanismo de pago a proveedores que puso en marcha el Gobierno para poner a cero el contador de facturas pendientes de las CCAA hasta 2011 ascendió a casi 18.000 millones de euros.
El citado mecanismo, si bien ha liquidado la abultada deuda que las administraciones territoriales mantenían con el sector privado, también ha generado un perverso incentivo, ya que autonomías y ayuntamientos vuelven a retrasar pagos a la espera de que el Gobierno salga otra vez al rescate.
Efectivamente, el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), dotado con 18.000 millones en 2012, se ha creado con el fin de cubrir vencimientos, nuevas necesidades de financiación derivadas del déficit y el pago a proveedores. Así pues, las CCAA se mantienen a la espera de recibir los fondos comprometidos por el Estado para saldar facturas, no sólo este año sino también el que viene. El FLA se extenderá a 2013, con un importe inicial estimado de 30.000 millones de euros.
A modo de ejemplo, la Comunidad Valenciana ordenó el pasado lunes la congelación de todos los pagos -excepto nóminas y algunos gastos excepcionales-, seis semanas antes de lo que marca el calendario presupuestario, con el objetivo de contener el déficit,. Es decir, todas las facturas que se generen a partir de ahora se contabilizarán a partir del 1 de enero. Igualmente, la difícil situación financiera que sufre el sector farmacéutico como resultado de los retrasos en el abono de facturas muestra, claramente, los graves problemas de liquidez de las administraciones territoriales.