El sector eléctrico y el industrial llevan meses advirtiendo del terrible impacto que supondrá la reforma energética aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, en el que se contempla una sustancial subida fiscal a las compañías eléctrica con el objetivo de reducir el déficit de tarifa, un problema cuyo origen se encuentra en las generosas primas al sector de las energía renovable. El Ejecutivo, en lugar de pinchar por completo la burbuja verde ha optado por disparar los impuestos al sector eléctrico, sin atender, por tanto, a las numerosas alertas sobre los efectos de tales medidas.
Así, un total de diecisiete patronales industriales han vuelto a cargar este viernes contra la reforma energética y advierten de que el déficit de tarifa continuará, porque se producirá un cierre de empresas y, por tanto, no se podrá absorber. Las asociaciones firmantes presentan una facturación conjunta de 250.000 millones de euros al año (la cuarta parte del PIB español) y proporciona cuatro millones de empleos directos e indirectos.
Su mensaje es claro: "La industria está en riesgo. No es tiempo de silencio", tal y como reza la última carta remitida al Gobierno por el sector. En ella advierten de que el citado impuestazo eléctrico supone "una amenaza lo suficientemente grave como para expulsarnos de los mercados internacionales", lo cual supondrá un coste extra de 1.500 millones de euros, según sus cálculos. En definitiva, un impacto "brutal" que, como resultado, se llevará por delante la viabilidad de muchas empresas, con la consiguiente destrucción de empleo, así como menor inversión foránea en la industria española, tanto presente como futura.
Se trata de la sexta carta remitida por el sector al Ejecutivo, pero éste ha hecho caso omiso a sus quejas. El Gobierno no ha mostrado "el menor interés por escuchar ni las alternativas ni, lo que es peor, analizar las consecuencias de las medidas [...] Una actitud silente e incomprensible que nadie lamenta más que cada uno de los 17 sectores que firmamos esta carta y las continuas peticiones de reunión individual o colectiva remitidas y sistemáticamente ninguneadas", añade.
El único objetivo de la reforma, según las patronales, es "incrementar los ingresos del Estado a costa de reducir los márgenes y la capacidad de operación y consumo de empresas y ciudadanos". La fiscalidad eléctrica restará competitividad al sector productivo del país y, por tanto, aleja "el horizonte de salida de la crisis", denuncian.
Ahuyenta empresas e inversión
La reforma pretende recaudar unos 3.000 millones de euros netos al año que, de una u otra forma, se trasladará al recibo de la luz que pagan particulares y empresas. El problema es que la energía representa entre el 20% y el 60% de los costes de producción en el sector industrial, de forma que las empresas verán sus márgenes fuertemente reducidos, penalizando la inversión, la creación de empleo, el esfuerzo exportador y, en definitiva, lastrando la viabilidad y supervivencia de numerosas compañías.
"Nos sentimos impotentes ante el incremento del coste eléctrico que supondrá esta nueva fiscalidad", aclaran los afectados. La industria ya ha anunciado que de mantenerse el plan del Gobierno en los actuales términos, España sufrirá en los próximos años una oleada de deslocalizaciones industriales hacia otros países.
Y por su fuera poco, el déficit tarifario "continuará", ya que no habrá empresas suficientes para compensarlo. Y entonces habrá que evaluar la utilidad de una reforma en la que si el Gobierno aplicara los criterios de proporcionalidad y progresividad que los sectores defendemos, podría atajar el déficit tarifario sin tener que contar luego cuántos de los dos millones y medio de empleos que se ponen en juego habrán desaparecido", lamenta el sector.
Entre las diecisiete asociaciones empresariales firmantes, figuran la patronal de cogeneración Acogen, de gran consumo eléctrico Aege, de yeso Atedy, de cerámica Ascer, de papel Aspapel, de metal Confemetal, de fundición FEAF y de química Feique, entre otras.