Comisiones Obreras y UGT podrán sacar al menos un buen recuerdo del 14 de noviembre de 2012. No será por la participación en la huelga general, que todo apunta a que fue la menos seguida de la historia de la democracia. Pero al menos se podrán consolar con el BOE, que traía este miércoles una pequeña y agradable sorpresa para los sindicatos mayoritarios. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha escogido este día para publicar la resolución por la que se aprueba y publica el acuerdo al que llegó para suavizar el recorte de liberados sindicales incluido en el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.
De acuerdo con lo anunciado entonces, las administraciones públicas se equipararían, en lo que tiene que ver con los liberados sindicales, con las empresas privadas. Según el propio Cristóbal Montoro, esto provocaría una reducción de hasta 6.000 de estos representantes de los trabajadores. Sin embargo, ahora se ha sabido que un 30% de los que se veían afectados por el Real Decreto de julio serán indultados. Esto quiere decir que podrán volver a realizar las tareas sindicales y abandonar el trabajo que hace apenas unas semanas habían retomado.
De Zapatero a Montoro
Las organizaciones de funcionarios han denunciado este miércoles que lo publicado en el BOE supone un retroceso sobre lo anunciado en julio y que el nuevo texto beneficiará sobre todo a CCOO y UGT. Es cierto que, en cualquier caso, se producirá una reducción en el número de liberados sindicales que había en la época de José Luis Rodríguez Zapatero.
De hecho, en los últimos años del socialista en el poder hubo momentos en que ni siquiera era posible saber cuántos representantes tenían las centrales en la administración y esta figura se convirtió en un coladero que se utilizó para favorecer a los funcionarios cercanos a estas organizaciones. A través de convenios con los ministerios, las autonomías y los ayuntamientos, los sindicatos habían conseguido mejoras respecto a lo que marca la ley y el número de sus representantes se había disparado.
Ahora, la situación estará más controlada. El decreto de julio impulsado por Montoro servirá para poner coto a los abusos y sólo aquellos que realmente estén en los supuestos legales podrán ostentar la categoría de liberados. Eso sí, del 100% de recorte que se anunció entonces se salvarán el 30%. Muchos antiguos sindicalistas que habían tenido que volver a trabajar hace unas semanas volverán a dejara su puesto libre tras esta nueva resolución.
La denuncia de Fedeca
Como decíamos antes, las organizaciones de funcionarios ajenas a CCOO y UGT han denunciado que el nuevo decreto beneficia claramente a los dos grandes sindicatos. Por ejemplo, la Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca) ha publicado este miércoles un comunicado en el que se pregunta por qué "en la actual coyuntura económica" se conceden "dispensas de asistencia al trabajo y crédito horario para el desarrollo de funciones sindicales más allá de los derechos reconocidos en la Ley Orgánica de Libertad Sindical están absolutamente injustificados".
Fedeca, cuyos representantes realizan sus tareas en sus horas libres, sin liberados sindicales, apunta a que "no deja de sorprender la ausencia de información veraz y precisa sobre el número y distribución de los liberados sindicales legales en la Administración General del Estado".
Por último, en el texto publicado en el BOE se mantienen los tradicionales beneficios que las centrales sindicales tienen en cuanto a la representatividad. En las relaciones entre la Administración y los trabajadores existen dos niveles significativos: las juntas de personal y las mesas de negociación. En las primeras, que se eligen por votación directa, tienen una gran presencia las asociaciones profesionales, tanto de funcionarios en general como de cuerpos específicos de la administración.
Sin embargo, estas juntas de personal son órganos consultivos que no tienen influencia directa en las negociaciones. Son las mesas de negociación donde se sustancian los principales acuerdos y allí los sindicatos de clase tienen ventaja, porque se priorizan en su conformación los votos generales en todo el país. De esta manera, se expulsa a determinadas organizaciones de la negociación, algo que tampoco cambiará a partir de ahora.