La primera parte de la ley anti-desahucios ya está aprobada. El Consejo de Ministros ha dado su visto bueno este jueves al Real Decreto Ley de Medidas de Protección de los Deudores Hipotecarios. En el mismo se incluyen dos medidas "de urgencia" que servirán para detener los desalojos en los casos de "colectivos especialmente vulnerables", según ha explicado Soraya Sáenz de Santamaría. En las próximas semanas vendrá la segunda parte, cuando el Congreso de los Diputados acometa la modificación de la Ley Hipotecaria en toda su extensión.
La novedad más importante del Real Decreto es que se suspenden "durante dos años" las ejecuciones hipotecarias a los "colectivos vulnerables". Para entrar dentro de esta categoría hay que cumplir determinados requisitos:
- En primer lugar, hay que tener una renta familiar inferior a tres veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). Este indicador es igual a 532,51 euros, por lo que el límite se sitúa en los 1.597 euros mensuales o 19.164 euros.
- Además, los colectivos protegidos son: familias numerosas, monoparentales con hijos, con menores de tres años a su cargo, con personas con una discapacidad superior al 33 por ciento o en situación de dependencia o enfermedad que impida trabajar, o que hayan sufrido violencia de género. También podrán beneficiarse deudores en paro y que hayan agotado la prestación por desempleo, y los casos en los que convivan con el deudor personas con discapacidad, dependencia, o enfermedad grave.
- Será necesario que se haya producido una "alteración significativa de las circunstancias económicas". Esto se producirá cuando el peso de la cuota mensual de la hipoteca haya aumentado un 50% en los últimos cuatro años o cuando la hipoteca supere el 50% de los ingresos familiares.
- Por último, será necesario que la vivienda de la que estamos hablando sea la "residencia habitual" de la familia.
- En estos casos, habrá una paralización de dos años de los lanzamientos (el término jurídico para los desalojos de una vivienda). Pero esto no quiere decir que se suspenda el proceso judicial. La familia perderá la propiedad de la vivienda, pero podrá seguir viviendo en ella dos años sin coste alguno.
En segundo lugar, el Gobierno ha aprobado la "obligación urgente de crear un fondo social de viviendas destinadas al alquiler, con precios bajos, para personas que han perdido su vivienda". Estas casas saldrán de los inmuebles que tiene la banca como consecuencia de hipotecas impagadas. Es previsible que muchos de los activos del banco malo, cuyo estatuto también ha sido aprobado este jueves, estén en esta situación y sirvan para engrosar este parque de viviendas "sociales".
No se detiene el procedimiento
Por último, el Gobierno despejó una duda en aumento ya con el Consejo de Ministros en marcha, toda vez que desde Bruselas se le recordó formalmente que cualquier modificación en relación al sistema hipotecario tiene que contar con su plácet, y así está recogido en el memorándum de condiciones para ayudar a las entidades con problemas. De Guindos fue taxativo: "No afecta al procedimiento de ejecución hipotecaria, lo que se hace es dejar que continúen en su vivienda dos años más", expuso, recalcando que la ley en sí no sufrirá modificaciones.
Esto es muy importante, porque quiere decir que no se para el proceso judicial, sino simplemente su efecto más llamativo, el desalojo. De esta manera, el hipotecado sigue perdiendo su casa, puesto que la subasta ya se ha efectuado y hay un nuevo dueño: o bien aquel que la ha comprado o bien el banco, que se queda con ella si la subasta es declarada desierta. Lo que ocurre con este Real Decreto es que si la familia está dentro de los "colectivos vulnerables" se puede quedar en su vivienda dos años sin ningún coste.
El desarrollo legislativo
Los párrafos anteriores hacen referencia a las dos medidas de "urgencia" que el Consejo de Ministros ha incluido en el Real Decreto y que serán efectivas a partir de este mismo sábado, cuando las incluya el BOE. Luego, durante el proceso legislativo que desarrolle ese Real Decreto, será el momento para detallar todas las modificaciones de la Ley Hipotecaria. En este sentido, Sáenz de Santamaría ha recordado que aunque no se haya llegado a un acuerdo definitivo con el PSOE en las negociaciones de esta semana, se buscará alcanzar un consenso con el principal partido de la oposición.
A partir de ahora, durante la tramitación en las Cortes Generales, tendrán que detallarse muchas otras cuestiones. La vicepresidenta ha citado las siguientes:
- Nuevos umbrales para la aplicación del Código de Buenas Prácticas, que incluyen los procesos de reestructuración de la deuda, quita o dación en pago
- Una nueva regulación de las subastas para los casos
- Limitación de los intereses de demora
- Más independencia de las sociedades de tasación
- Límites en las compras de vivienda habitual para evitar el sobreendeudamiento
- Evitar cláusulas abusivas de los contratos bancarios
El PSOE se queda sólo, dice Moncloa
El otro frente político era el relativo a la negociación con el PSOE, que terminó de madrugada -tras varios encuentros discretos- con acuerdos en puntos concretos, pero no en forma de pacto de Estado como se presuponía hace escasas fechas. La vicepresidenta no quiso hacer sangre con el asunto, a pesar del reconocido malestar en el Ejecutivo con Ferraz "por intentar tirar la piedra cada vez más alto dejando a un lado la responsabilidad de un partido que opta a gobernar".
Soraya Sáenz de Santamaría, clave en la consecución de este primer plan de choque, dibujó una escena de situación en la que el PSOE se quedaba solo mientras el resto subían al tren de las "medidas paliativas" y "decisiones urgentes". Tanto que "la banca se sumó a esa posición", se encargó de remachar. "Hago un llamamiento al equilibrio, a plantear propuestas sensatas. Esto no es una subasta de cantidades", afirmó, en relación a las últimas propuestas del lado socialista en el marco de la comisión de expertos, y que el Ejecutivo llegó a calificar de "disparatadas".
La portavoz llegó a pedir "responsabilidad a los que gobernaron hasta hace muy poco", para pasar página y centrarse en la nueva etapa que se abre, la de la negociación parlamentaria, en la que se pondrán encima de la mesa propuestas ya no a corto sino a medio plazo.
En voz de Luis de Guindos, el objetivo hoy era "que nadie se quede sin su casa y se vaya fuera", y en este punto, incide Moncloa, "el PSOE ha optado por no tener altura de miras". Evidentemente, continuó el titular de Economía, las instituciones europeas y el Fondo Monetario Internacional han estado informadas del proceder gubernamental. "Siempre estamos en contacto", dijo. Pero, en este caso, la UE llegó a mostrar su preocupación a mediados de semana, tal y como avanzó este diario el martes. Unas dudas a las que Moncloa respondió asegurando que "en absoluto" el real decreto provocará "inseguridad jurídica", más al contrario ofrece "todas las garantías".