La Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre confirmó el necesario proceso de ajuste que comenzaron a experimentar las plantillas del sector público a finales de 2011. Así, el número de empleados públicos se redujo en 49.400 personas entre el pasado julio y septiembre, acumulando una corrección de 228.900 personas desde el tercer trimestre de 2011, momento en el que las plantillas de las administraciones registraron su máximo histórico.
Pese a ello, aún está lejos de registrar el desplome de ocupación experimentado por el sector privado desde el inicio de la crisis. De hecho, España sigue contando con más empleados públicos que en el pico de la burbuja (mediados de 2007). Todo apunta a que "su corrección se intensificará en próximos trimestres, cuando entren en vigor los planes de racionalización del sector público empresarial y se agote el margen de contención del gasto vía partidas como la inversión", según la patronal de empresas de trabajo temporal (Agett).
En su último boletín sobre el mercado laboral, esta entidad analiza más en detalle el ajuste de plantillas en el seno del sector público. Atendiendo al tipo de administración, se observa, por ejemplo, que la mayor parte del recorte de empleados se produce en las CCAA y en los Ayuntamientos, que son las que más engordaron las plantillas a lo largo de la crisis y donde se concentra el grueso del empleo público en España (casi el 76% del total).
Sin embargo, el esfuerzo entre unas y otras autonomías difiere, condicionado por dos variables básicas: todas las CCAA están obligadas a reducir su déficit al 1,5% del PIB en 2012, pero parten de agujeros fiscales muy distintos (las que tienen mayor déficit tendrán que realizar también el mayor recorte de gasto); por otro lado, el impacto sobre el mercado laboral regional será tanto mayor cuanto más elevada sea la proporción de asalariados públicos sobre el total de la comunidad autónoma.
Extremadura y Baleares hinchan plantillas
Según el informe de Agett, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Murcia, unas de las regiones con mayor necesidad de ajuste de su gasto público, es donde más se ha reducido, por este orden, el número de asalariados públicos en los primeros nueve meses del año, acumulando una variación próxima al 10%.
En el primer caso, el de Castilla-La Mancha, presidida por María Dolores de Cospedal, se da la circunstancia de que uno de cada cuatro asalariados trabaja en el sector público (casi el 25% del total).
Por el contrario, en Extremadura y Baleares, regiones que también presentan profundos desequilibrios presupuestarios, no se ha llevado a cabo una reducción de los asalariados públicos sino todo lo contrario, ya que sus plantillas han crecido un 2,8% y un 8,1%, respectivamente, en lo que va de año. Por si fuera poco, el documento alerta de que ambas autonomías, gobernadas por el PP (Monago en Extrmadura y Bauzá en Baleares), no sólo han incrementado el número de empleados públicos a su cargo sino que, en su mayoría, estos nuevos puestos son indefinidos.
Otro dato relevante es que las regiones que han adelgazado el número de trabajadores lo han hecho, generalmente, eliminando o no renovando contratos temporales, salvo excepciones, como el caso de Castilla y León.
En cuanto al perfil de empleados públicos que han perdido su trabajo durante 2012, se trata, mayoritariamente, de hombres, con edades comprendidas entre los 25 y 44 años y con contrato temporal. "Los empleados de mayor edad suelen tener la condición de funcionarios", añade Agett. En este sentido, al igual que acontece en el sector privado, "los trabajadores que más están sufriendo la reducción del empleo público son los que mantienen una relación laboral de carácter temporal".
El estudio concluye que "los gastos de personal tienen un peso relevante, sobre todo en el caso de la administración territorial. Y es que, aun cuando hayan visto mermada su retribución salarial desde 2010, los empleados públicos todavía cobran, según la última Encuesta de Estructura Salarial del INE, un 30% más que la media de asalariados, representando un 21% de la fuerza salarial".