Una de las excusas esgrimidas habitualmente por el lobby medioambientalista consiste en afirmar la necesidad irrenunciable de las energías verdes, por razones no sólo ecológicas sino sociales. Y es que, según estos grupos de presión, las energías renovables son las que más empleo generan, y son, por tanto, excelentes para nuestra economía. Un análisis superficial nos dice, sin embargo, todo lo contrario.
Según esta línea argumental, el uso de una gran cantidad de mano de obra para generar un determinado producto es formidable. Según ellos, como las energías renovables emplean a un mayor número de personas en comparación con otras tecnologías, debemos instalar masivamente estas energías porque cumplen un fin social: generar empleo. Pero olvidan que la generación de empleo no es un fin en sí mismo, sino una consecuencia de que la economía va bien. Si generar empleo fuera el fin, podríamos emplear a la población en toda suerte de trabajos ineficientes, como se hace en Corea del Norte y en otros paraísos del desempleo cero.
Utilizar a un gran número de trabajadores para producir con una tecnología lo mismo que otra tecnología es capaz de hacer con la mitad de gente no es sino un síntoma de la ineficiencia e inmadurez de la primera. Aunque se nos intente convencer permanentemente de lo contrario. Si para construir un edificio necesita usted el doble de obreros que la empresa de la competencia, no ganará usted ningún contrato y su empresa estará destinada a desaparecer, porque sus costes de producción son muy elevados.
La realidad se muestra tozuda, y cuando la coyuntura económica aprieta la ineficiencia se muestra con toda su crudeza. En Puertollano existe una empresa destinada a fabricar obleas de silicio para paneles solares fotovoltaicos. Pese a las supuestas madurez y eficiencia de esta tecnología, y sus beneficios, la realidad es que esta empresa presenta un expediente de extinción de contratos por 454 de los 463 trabajadores de la planta. Y esto teniendo en cuenta que ya en primavera había despedido a 300 trabajadores. ¿Dónde está la eficiencia del sector? ¿Por qué quiebra una empresa que, supuestamente, es tan beneficiosa para la economía? La respuesta es sencilla: porque no lo es.
Desde hace unos años, en España se han mantenido artificialmente mediante talonario público multitud de empresas que distaban mucho de ser competitivas. Lo más dramático de este comportamiento es que se ha hecho a costa de los recursos de aquellas industrias que sí eran competitivas. Ahora hemos llegado al punto en que, para mantener las industrias ineficientes, hemos convertido en ineficientes las que eran capaces de subsistir por sí mismas sin ayudas públicas.
La reforma energética que el Gobierno planea es la viva expresión del fracaso de nuestro modelo energético, o más bien de la ausencia del mismo. Esta reforma supondrá una pérdida de competitividad inmediata que pondrá en riesgo la supervivencia de parte del tejido industrial español y de miles de empresas. Lo lamentable del asunto es que esta pérdida de competitividad no viene dada porque las empresas españolas no sean capaces de competir con otras en un mercado libre, sino porque las estamos haciendo no competitivas a base de legislación hecha por nosotros mismos. La reforma que el Gobierno baraja supondrá una pérdida de miles de millones de euros para la industria española. Ya conocen las consecuencias de un aumento de los costes de producción, y no es precisamente la generación de empleo, ¿verdad?