El Gobierno quiere penalizar los blindajes de los directivos. Para ello, está estudiando gravar hasta en un 60% la fiscalidad de sus indemnizaciones, informa Expansión. Aunque todavía no se ha diseñado una fórmula concreta, lo más probable es que estas indemnizaciones tributen en el límite máximo del IRPF y de Patrimonio o que incluso se introduzca algún tipo de recargo adicional que eleve el gravamen hasta el 75%.
La Ley del Impuesto sobre el Patrimonio establece que la suma del Impuesto sobre la Renta más Patrimonio no puede superar más del 60% de la base de lo que ingresa por la renta. Entonces, en todas la Comunidades Autónomas tributarían las indemnizaciones hasta ahora exentas, excepto en Madrid que ya anunció que no aplicará Patrimonio en 2013. En el caso de la Comunidad de Madrid, el Ejecutivo aplicaría un recargo adicional que recaudaría el Estado.
Otra de las medidas que baraja el Gobierno es eliminar la exención de la Ley del IRPF por idemnización cuantiosa, ya que se trata de claúsulas contractuales pactadas que prevén una fuerte compesación para el despedido. Entre los planes del Ejecutivo de Rajoy se estudia rebajar al límite de 300.000 euros o el coeficiente de reducción del 40% que ahora está exento de tributación.