Los datos de crecimiento para el tercer trimestre del año que acaba de presentar la Oficina Nacional de Estadística del Reino Unido anuncian un crecimiento económico del 1% que, técnicamente, sitúa al país fuera de la recesión. Sin embargo, este dato es un espejismo que no mantendrá su vigencia en el tiempo. Esto se debe a que, gracias a varios trucos contables, buena parte de la actividad económica vinculada con la preparación de los Juegos Olímpicos de Londres ha sido incluida en el tercer trimestre de 2012, con independencia de la fecha en que se produjesen las ventas u operaciones en cuestión.
Esta situación nos devuelve al eterno debate sobre la salida a largo plazo de la crisis. No en vano, la mayoría de los observadores británicos llevan años debatiendo sobre las "políticas de austeridad" del Ejecutivo británico. Por tanto, nuestro objetivo es desgranar la evolución de dichas medidas para conocer hasta qué punto Cameron está impulsando un cambio de paradigma en el Reino Unido.
Austeridad privada, no pública
Si hacemos caso a la retórica gubernamental, escucharemos al Ejecutivo británico hablar de forma recurrente sobre todo tipo de medidas enfocadas a reducir el peso del Estado en la economía. Se trataría, a priori, de promover una recuperación basada en la liberalización, al estilo de los gobiernos de Margaret Thatcher. Sin embargo, la evidencia muestra que el camino seguido por el gabinete está siendo otro muy diferente.
Es cierto que Cameron ha reducido en unos 40.000 millones de libras el déficit público (del 10,4% al 8,3%), pero es fundamental entender que el componente de este ajuste ha sido ejecutado, principalmente, vía subidas de impuestos. Como explicó en junio la economista Veronique de Rugy, "por cada tres libras de nuevos ingresos tributarios, apenas se ha recortado una libra de los presupuestos".
Así, los contribuyentes británicos pagan hoy al fisco una factura cada vez más abultada. Se han aprobado alzas en todo tipo de figuras fiscales, pasando por el IVA (del 17,5% al 20%), las tasas aplicadas a las entidades financieras, el Impuesto sobre la Renta (que será reducido en 2013, pero durante los últimos años ha mantenido un tipo máximo del 50%), las tasas aeroportuarias (que subieron un 8%), las cotizaciones de los bonus (que gravarán en un 50% todas las primas por encima de 25.000 libras), el Impuesto de Capitales, las tasas aplicadas a la venta de inmuebles...
Pese a todos los sacrificios impuestos al sector privado, lo cierto es que el gasto público ni siquiera reduce su monto total, tanto si medimos su evolución en términos nominales como si ajustamos los datos a la inflación. La siguiente tabla, publicada por el Mercatus Center de la George Mason University, confirma esta preocupante evolución de los presupuestos.
Midiendo el gasto público en porcentaje del PIB podemos apreciar que el peso del Estado sobre el resto de la economía de las islas apenas ha caído en dos puntos porcentuales. Este indicador llegaba al 47% del PIB en el último año de gobierno de Gordon Brown, mientras que la previsión para 2012 lo sitúa en niveles del 45%.
Cierto es que el Ejecutivo tory ha anunciado su intención de dejar dicho indicador en niveles más reducidos, por lo que ha proyectado ajustar el gasto público hasta el 39% del PIB. Sin embargo, el cumplimiento de este compromiso ha sido anunciado para el año... 2016. El problema es que semejantes plazos y proyecciones muestran que la reducción del tamaño del Estado no está siendo acometida con rigor ni urgencia. La siguiente gráfica muestra que el grueso de la reducción del gasto queda sometido a hipotéticas decisiones del gobierno durante los próximos cuatro años.
La cosa no anda mejor en lo tocante al volumen de deuda pública que el Reino Unido proyecta tener en circulación durante los próximos años. La herencia recibida de la Administración Brown tiene mucho que ver con esta situación. Si en 2008 la deuda pública suponía alrededor del 50% del PIB, en 2010 se había disparado hasta niveles cercanos al 65%.
En cualquier caso, Cameron ha permitido que este indicador siga disparándose y supere ya el 75%, nivel en el que permanecerá hasta 2016, según las estimaciones oficiales. Parece evidente interpretar que volver al 50% registrado antes de la crisis podría tomar muchos más años si el Ejecutivo no se toma más en serio la reducción del gasto.
Pese a todo lo anterior, es justo señalar que el gobierno de Cameron sí ha conseguido trasladar una imagen más seria en materia de control presupuestario que el gabinete de su predecesor en el cargo, Gordon Brown. Esto se ha reflejado en la financiación de la deuda pública, que ha experimentado una cómoda caída en los últimos meses. La siguiente gráfica confirma esta evolución positiva.
Igualmente, también es importante señalar que los últimos presupuestos del gobierno incluyen una rebaja del Impuesto de Sociedades. Esta decisión colocará a Gran Bretaña entre los países del G-7 y del G-20 que menos impuestos cobran a las empresas, y animará un poco a un sector privado deprimido desde hace años.
Otras dos iniciativas que podrían ayudar al Reino Unido a dar un salto de competitividad para salir de la crisis son la llamada Red Tape Challenge, que busca acabar con el problema de sobrerregulación suprimiendo o simplificando normativas, y la reforma educativa, que si bien está siendo dilatada en exceso, podría acabar incorporando un modelo de cheque escolar similar al implantado con éxito en países como Suecia.
Sin embargo, parece evidente que este tipo de medidas no será suficiente para impulsar la recuperación de la economía británica. Mientras el Ejecutivo siga aplicando medidas de "austeridad" centradas en imponer el ajuste al sector privado, la estabilización presupuestaria irá acompañada del estancamiento económico. Por el contrario, si Gran Bretaña cambia de rumbo y promueve la estabilización vía "austeridad" pública y liberalizaciones, entonces el sector privado podrá volver a generar la prosperidad necesaria para crear empleo, absorber la deuda y aumentar el bienestar socioeconómico.