Se ha ampliado nuevamente el periodo de presentación de enmiendas al proyecto de ley de la reforma energética. El nuevo periodo de prórroga puede haber venido forzado por las negociaciones que las grandes industrias, severamente afectadas por la reforma, están llevando a cabo con el Gobierno.
Las fallidas políticas energéticas que se han venido desarrollando durante las últimas legislaturas han arrojado como resultado unos precios de la electricidad de los más altos de Europa. Esto redunda en una pérdida de competitividad de la industria española intensiva en consumo eléctrico, ya de por sí maltrecha debido a la coyuntura económica y financiera. El sector siderúrgico alza ya la voz para señalar que el céntimo verde a los hidrocarburos le supondrá pérdidas del 8,5%, que habrá que sumar a las subidas eléctricas del 60% desde 2008 y al nuevo 6% que se prevé suban tras entrar en vigor la reforma. Los fabricantes de cerámica y el sector cementero esgrimen discursos muy similares.
La capacidad de exportación de nuestra industria y, por tanto, el equilibrio de la balanza de pagos tienen escaso margen de maniobra ante los sucesos que se avecinan. Pero el caso es que el Gobierno ya negocia con estos sectores rebajas en los precios energéticos "para que puedan seguir sien do competitivos tanto dentro como fuera de España". Así lo declaró el ministro Soria en su última comparecencia en el pleno del Senado, hace unos días.
Lo que no se explica a los ciudadanos es que si el Gobierno rebaja a la industria el precio de la energía, alguien tendrá que pagar la diferencia. Y ese alguien seremos los propios ciudadanos. Si alguien no paga la parte que le toca, los ingresos generales disminuyen y no hay suficiente dinero para pagar los costes. Es decir, el déficit de tarifa aumentará y seremos los de siempre los que tendremos que hacernos cargo de la factura. A una presión fiscal agobiante tendremos que sumar entonces subvenciones encubiertas a las grandes industrias para que no destruyan empleo de manera masiva.
Ahora bien, cuando desde el Estado se toman decisiones intervencionistas suele suceder que no se presta atención (como bien estableció Hazlitt) al resto de sectores de la economía, ni a las repercusiones a largo plazo. Para todos serán evidentes los efectos sobre las grandes industrias beneficiarias. Parecerá una medida positiva a ojos de la opinión pública. Pero ¿qué sucederá en el resto de sectores de la economía? Si los ciudadanos perdemos poder adquisitivo por una subida en la factura energética, dispondremos de menos recursos para consumir y se destruirán empleos en otros sectores. Compraremos menos ropa, viajaremos menos, reduciremos nuestro ocio... pero esta correlación no será tan visible ni evidente y apenas nadie se percatará del suceso que la ha iniciado.
Mientras, el problema persistirá: los altos precios de la electricidad vienen ocasionados por unas primas desorbitadas a tecnologías ineficientes. Si los esfuerzos no van en esa dirección, el sistema eléctrico no tendrá solución, no será sostenible e iremos directamente hacia su colapso. Será sólo cuestión de tiempo.