La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) ha acorado este viernes no secundar la convocatoria de huelga general del próximo 14 de noviembre por tres razones:
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Por responsabilidad: CSI-F considera que la huelga general y la huelga en el sector público no es conveniente, en estos momentos, dado que cuando se está dilucidando o un posible rescate a España.
"Vivimos uno de los momentos más críticos de nuestra historia reciente y de aquí a final de año nos jugamos el futuro de nuestro país y la huelga solo serviría para agravar la situación, convirtiendo en inútiles los sacrificios que los empleados públicos y todos los rabadores llevan realizando desde 2010", explicó su presidente Miguel Borra. -
Las presiones empiezan a dar resultado: el sindicato mayoritario de funcionarios agradece a los empleados públicos de toda España su apoyo, implicación y el sacrificio realizado durante los últimos meses con movilizaciones, medidas de presión y manifestándose todos los días en sus centros de trabajo. A su juicio, la lucha diaria de los trabajadores ha hecho mover ficha a la Administración. -
La huelga tiene un componente político: "Consideramos que la huelga tiene un componente político y que se vincula a un referéndum. CSI-F no está para poner ni para quitar Gobiernos, ni está para compartir pancarta o cabecera con líderes políticos de ningún partido, que los que nos han llevado a esta situación, ni con reivindicaciones que no sean estrictamente laborales", asegura el sindicato. "Este referéndum se pide coincidiendo con las elecciones catalanas y además, la propia huelga se realiza en plena campaña electoral. Una campaña electoral de especial relevancia para toda España y para su futuro. Esto es un hecho inédito. CSIF no va a romper su compromiso tácito de no hacer huelga en estos periodos", añade.
Desde el sindicato explican que van a seguir defendiendo los intereses de los trabajadores con las medidas de presión que consideren más oportunas, que "van a seguir en la calle, manifestándose y elevando la voz contra las decisiones que consideren injustas, que van a seguir muy de cerca el trámite de los Presupuestos Generales del Estado y que van a mirar con lupa la aplicación de la reforma Laboral porque los empleados públicos ya han pagado el peaje encubierto de un eventual rescate."