Ciertamente, el Estado es la única organización capaz de convertir actividades pacíficas, voluntarias y beneficiosas para quienes las acometen en conductas punibles y estigmatizantes.
Casi todo el mundo anda echando pestes de la mafia china; no tanto por lo que podría ser verdaderamente criticable (las posibles condiciones de esclavitud a que sometería a numerosos trabajadores) como por haber introducido ilegalmente mercancías en España y por haber atentado contra la Hacienda Pública. Gruesas palabras para ocultar una realidad mucho más sencilla: los chinos sólo traían mercancías de su país para vendérselas a unos españoles que estaban dispuestos a comprarlas. Mercancías que podían ser juguetes o ropa y cuya única tacha era que no habían sido declaradas en la aduana y no habían, por tanto, pagado la correspondiente mordida arancelaria, pecado mortal que permitía que los consumidores españoles adquirieran esos productos a muy buenos precios y llegar a fin de mes en mejores condiciones (el consumidor objetivo no eran multimillonarios aficionados a los yates y el champagne, sino personas de renta media-baja).
Como habían entrado de manera ilegal, estas mercancías no podían sino seguir defraudando a nuestro Fisco –siempre tan amigable con la empresarialidad–: como no existían oficialmente, tampoco pagaban IVA ni computaban como ingresos en Sociedades, ni éstos podían emplearse en el pago de los salarios (y del IRPF) de los empleados de las empresas que las ponían en circulación.
Estamos, pues, ante una economía paralela al Estado... que acaso por ello ha prosperado tan bien y acaso por ello sea tan vilipendiada por los amigos del Gran Gobierno. Lejos de sacar lecciones al respecto –las empresas florecen en entornos poco intervenidos y poco perseguidos fiscalmente–, optamos por convertir a sus participantes en criminales, olvidando tal vez que, por ejemplo, una parte de los revolucionarios, respetados e incluso reverenciados Padres Fundadores de EEUU, como John Hancock, se dedicaban al contrabando para burlar el proteccionismo inglés por idénticos motivos.
Mas mi intención en este artículo no es reflexionar sobre la criminalización de actividades comerciales pacíficas a cuenta de una legislación comercial que sí debería reputarse como delictuosa, sino sobre la concomitante campaña de desprestigio a la propuesta de recortar el gasto público para cuadrar el déficit.
Me explico: de unos años acá, una parte de la izquierda patria (y de la supuesta derecha, véase Montoro) insiste en que es posible acabar con el déficit simplemente persiguiendo el fraude fiscal, aparente pozo sin fondo que en España movería más de 90.000 millones de euros (casualmente, un monto casi idéntico al del déficit).
Sucede que tales cifras no resisten el más mínimo análisis crítico, motivo por el que suelen ser esgrimidas por demagogos ideologizados a los que nada interesa resolver los problemas reales y de fondo de nuestra economía. Así, basta con que nos topemos con noticias como las de la mafia china para que tales demagogos vuelvan por sus fueros. La anécdota se convierte en categoría y la categoría en principio de inspiración de la política económica de un país en profunda crisis. Para terminar de darle punch a la campaña sólo se necesita rebozar la anecdótica noticia con impactante información falsa, que es justo lo que ha sucedido en este caso.
El último bulo a cuenta de la mafia china –del que incluso se hace eco El País– es la estimación de que ha defraudado a Hacienda 35.000 millones de euros. Cáspita: 35.000 millones de euros, un tercio del déficit. Con encontrar dos tramas más como ésta, equilibramos las cuentas sin necesidad de ningún sufrido recorte adicional.
Sencillo, ¿no? Pues no.
Desconozco cuál es el origen preciso de semejante infundio amarillista, pero sí podemos analizar la noticia según la difundió una de las correas de transmisión.
Apenas leer la pieza, ya descubrimos que el fraude de 35.000 millones no es anual, sino el estimado a lo largo de una década. Es decir, el impacto presupuestario no sería de 35.000 millones de euros, sino de 3.500 millones al año. Aun así, hay que reconocer que parece una cantidad apreciable.
Con todo, si seguimos con la labor de broza podemos leer que el blanqueo de dinero ascendía a 350-400 millones anuales, y que los famosos 35.000 millones equivaldrían al "0,35% del PIB español". Problemilla matemático de simple resolución: el 0,35% del PIB español no son 35.000 millones, sino 3.500 millones; justamente lo que totaliza blanquear 350 millones anuales durante una década. En pocas palabras: en el mejor de los casos, el bulo del fraude de 35.000 millones se explica porque se ha colado un cero de más en el titular; en el peor, porque hay periodistas que deberían regresar a Primaria.
Hemos pasado de un fraude al Fisco que parecía ser de 35.000 millones anuales a uno de apenas 350 millones. ¿Termina ahí toda la historia? No: la gente tiende a confundir el dinero negro con los impuestos no pagados; la realidad es que el dinero negro son las bases imponibles no declaradas (los beneficios, los ingresos o los salarios no declarados). Dado que, por el momento, los tipos impositivos todavía no son del 100%, el Estado no se queda con la totalidad de la base imponible, sino sólo con un porcentaje que oscila, en términos medios, entre el 30 y el 40%. Si aplicamos estos gravámenes al dinero negro manejado anualmente por la mafia china, llegamos a que el fraude fiscal apenas se situaría entre los 100 y los 150 millones anuales, una suma 350 veces inferior a los 35.000 millones manejados alegremente por los demagogos austerófobos.
En definitiva, lejos de constituir un argumento de peso para quienes creen posible atajar el déficit sólo combatiendo el fraude fiscal, el caso de la mafia china debería servir para todo lo contrario: una de las mayores operaciones de nuestra historia contra una de las redes de economía informal más organizadas apenas descubre un fraude de 100 millones anuales. Pongan eso en relación con nuestro déficit estructural, de 100.000 millones de euros, y saquen sus conclusiones.