El nuevo Súper-Icex que el Gobierno pondrá en marcha en 2013 no contará con el apoyo de los ejecutivos catalán, vasco y andaluz. Las tres autonomías se han negado hasta ahora (y nada hace pensar en que vayan a cambiar de opinión) a integrarse en la nueva estrategia de internacionalización de la empresa que el Ministerio de Economía pretende poner en marcha a partir de 2013. De esta manera, estas regiones mantendrán abiertas sus oficinas comerciales en el exterior, algo a lo que han renunciado las otras catorce comunidades.
La estrategia del Gobierno para relanzar la presencia de empresas españolas en el extranjero pasa por la integración de la política de internacionalización. Esto tendrá su reflejo en la absorción por parte del Icex de otras tres agencias gubernamentales que operaban hasta el momento: Invest-in-Spain, España Expansión Exterior y el Centro de Estudios Económicos y Comerciales (CECO).
De esta manera, todo lo que tiene que ver con el apoyo a las exportaciones y a las inversiones extranjeras en España estará centralizado en lo que el Gobierno, secretario de Estado de Comercio, llama "ventanilla única de la internacionalización". Según sus cuentas, esto no sólo supondrá una optimización de los recursos puestos a disposición de las compañías exportadoras, que ya no tendrán dudas sobre a dónde recurrir cuando comiencen a vender en el extranjero. Además, implicará un importante ahorro de costes, que García-Legaz sitúa en el entorno del 20% del total de los presupuestos de estas agencias.
En esta línea de simplificación, optimización y ahorro, el Ministerio de Economía propuso a las comunidades autónomas que integrasen sus oficinas comerciales en la del Estado. No sólo serviría de ahorro, sino que además eliminaría duplicidades y centraría todos los esfuerzos. Pues bien, de las 17 regiones, 14 estuvieron de acuerdo y tres no: Cataluña, País Vasco y Andalucía. Ni CiU, ni el PSOE vasco y andaluz están dispuestos a cerrar sus embajadas comerciales en el extranjero, a pesar de que, como señala el Gobierno, esto provocará que cada empresario de estas regiones "tenga que ir a dos sitios diferentes, en vez de sólo a uno".
Por eso, desde Economía recuerdan "serán estos gobiernos autonómicos los que tengan que dar explicaciones sobre porqué mantienen esta red, mientras hacen recortes en otras partidas. ¿Por qué cerrar un ambulatorio para mantener abierta una oficina comercial en un país en el que España ya tiene una? Ninguna oficina de ninguna autonomía tiene la capacidad de prestar el servicio que tiene el Icex (por recursos y por una cuestión institucional). Cuando un empresario catalán necesite reunirse con un alto cargo de un ministerio en el extranjero, esa visita la tiene que concertar la embajada de España y quien le va a abrir la puerta del contacto es la embajada y ninguna otra. Quizás esta decisión sea una forma de mantener una red que puede dar empleo a determinadas personas".