La agencia de calificación crediticia Standard & Poor's (S&P) ha recortado la calificación de siete comunidades autónomas después de haber rebajado dos escalones la nota general de España la semana pasada y haberla dejado al borde del bono basura.
En concreto, S&P ha rebajado el rating de Andalucía, Aragón, Canarias, Galicia, la Comunidad de Madrid, Navarra y Euskadi. Andalucía y Aragón pasan así de tener una nota de 'BBB' a una de 'BBB-', mientras que las otras tres pasan del 'BBB+' al 'BBB-'. Además, la agencia de calificación ha confirmado el rating de 'BBB-' de las Islas Baleares. Las perspectivas de las seis comunidades se mantienen en negativo.
También ha revisado a la baja los ratings de Navarra y Euskadi, así como de Vizcaya, de 'A' a 'BBB+', con perspectiva negativa a largo plazo.
En este caso, S&P afirma que esta calificación "refleja principalmente" su opinión de que "el deterioro de la calidad crediticia de España, disminuye la probabilidad de que las regiones de régimen foral puedan beneficiarse del apoyo del Gobierno central".
No obstante, S&P mantiene los ratings a largo plazo dos escalones por encima de la calificación otorgada a largo plazo para España, por considerar que "los gobiernos locales y regionales arrojan una mayor calidad crediticia".
Según la agencia, las perspectivas negativas a largo plazo de los tres gobiernos locales y regionales "reflejan principalmente la perspectiva negativa del rating de España".
Asimismo, en el caso de Andalucía, Aragón, Canarias, Galicia y la Comunidad de Madrid señala que esta rebaja se debe a que las regiones españolas del régimen común no pueden tener una nota superior a la del país soberano, que fue rebajada dos escalones el pasado 10 de octubre, hasta 'BBB-'.
La rebaja refleja la opinión de S&P de que el Gobierno está preparado y será capaz de apoyar el servicio de la deuda de las regiones y financiar sus déficit fiscales en el horizonte temporal que abarcan sus rantigs. Esto se llevará a cabo a través del mecanismo de crédito legalmente establecido denominado Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) que, según S&P, ha comenzado a cubrir "sin problemas y de forma coordinada" el servicio de la deuda financiera de las regiones adheridas.
Inicialmente se ha dotado al FLA con 18.000 millones, una cifra que, según la agencia de calificación, debería ser suficiente hasta el final de 2012. Para 2013, el FLA podría contar con una dotación de alrededor de 32.000 millones.
Para S&P, el Gobierno está mostrando un "fuerte compromiso" con la deuda de las comunidades, por lo que la rebaja parte de que se mantendrá el FLA, si es necesario, al menos durante el horizonte de análisis (2012-2014).
Asimismo, considera que el FLA contará con los fondos suficientes para cubrir tanto la refinanciación actual de la deuda extranjera como los objetivos de déficit y que se administrará de un modo "flexible" y con un alto grado de coordinación con las comunidades. En cualquier caso, la agencia cree que las seis comunidades solicitarán adhesión al FLA este año o el que viene.
Por otro lado, la decisión de alinear estos ratings con el soberano se debe también a que S&P cree que las comunidades de régimen común llevarán a cabo progresos en la consolidación fiscal y cumplirán de forma aproximada con los objetivos de déficit.
Esta expectativa se fundamenta en el aumento de la supervisión por parte del Gobierno, que ejercerá un control directo de la gestión de las comunidades que potencialmente incumplan con los objetivos fiscales, como se contempla en la ley española de estabilidad presupuestaria.