El Ayuntamiento de Gallifa (Barcelona) se ha declarado este martes "insumiso fiscal". Concretamente Gallifa, gobernado por SI, ha anunciado que ha dejado de pagar el último trimestre del Impuesto de la Renta (IRPF) de sus trabajadores a la Agencia Tributaria Española para hacerlo a la hacienda catalana. En declaraciones a los medios desde el Parlamento, el alcalde de la localidad, Jordi Fornes (SI), ha explicado que esta decisión es un "acto soberanía" para desmarcarse de España y que sea Cataluña quien gestione sus propios recursos.
Ha precisado que la insumisión es una "consecuencia" de que el municipio aprobara días atrás una moción en el que se declaraba territorio libre y soberano, un texto que han impulsado decenas de municipios de Cataluña.
El alcalde ha admitido que desconoce si el gesto del municipio le acarreará consecuencias: "No sabemos demasiado bien lo que puede pasar ahora porque no hay jurisprudencia sobre este tema. Es entrar en terreno desconocido"
En su exposición, Fornes ha estado flanqueado por el diputado de SI en el Parlamento Uriel Bertran, que ha recalcado que es "la primera institución catalana que se declara insumisa fiscal", ya que hasta ahora solo lo han hecho algunos ciudadanos a título individual y algunos empresarios.
Bertran ha exigido al Gobierno que no transfiera los recursos de Gallifa al Estado y que impulse que el ejemplo de este Ayuntamiento sea seguido por el resto de municipios de Cataluña, las diputaciones y la propia Generalidad.
Los independentistas exigen que estos recursos se inviertan en las "carencias" que tiene ahora Cataluña y en sectores como la educación, la sanidad, las farmacias o las entidades del sector concertado que no están cobrando a tiempo.
1.600 euros
Bertran ha argumentado que la insumisión es una salida ante el "expolio de 16.000 millones de euros anuales" que Cataluña, dice, padece a manos de España, y ante los pagos que el Estado adeuda a la Generalidad. La cantidad pagada por Gallifa a la agencia catalana es de 1.662 euros, y ahora el Ayuntamiento estudiará que otros pagos, como la cotizaciones de la Seguridad Social, también vayan directas a las arcas catalanas sin pasar por la Agencia Tributaria Española.