San Juan de la Encinilla (Ávila), Arres (Lérida), La Quar (Barcelona) e Illán de Vacas (Toledo). Los alcaldes de estos cuatro pueblos fueron los únicos regidores de toda España que no pidieron dinero al Gobierno central para realizar alguna obra con motivo del Plan E. Las demás 8.090 entidades locales que existen en España sí encontraron alguna excusa para realizar alguna obra con el dinero de los contribuyentes.
Es bastante lógico que los alcaldes españoles acudieran en masa al fondo creado por José Luis Rodríguez Zapatero. A nadie le amarga un dulce y si el Gobierno decide gastarse 8.000 millones de euros en obras por los pueblos, parece lógico que los regidores se saquen de la manga cualquier tipo de excusa para su localidad: reparar una acera, un carril-bici, un polideportivo nuevo o un centro cultural... La imaginación de un político en lo que hace referencia a gastarse el dinero que no es suyo suele ser casi inabarcable.
En realidad, el hecho de que sólo cuatro pueblos no tuvieran Plan E es sólo una prueba más de la inutilidad de dicho programa. En un momento en el que la deuda pública ahoga a las administraciones y que éstas responden con subidas de impuestos que golpean el bolsillo de los contribuyentes, es lógico que viendo estas cifras muchos se pregunten si todos los municipios de España necesitaban realmente reparar sus aceras. Leyendo el informe que el Tribunal de Cuentas publicó hace unos días, parece claro que la respuesta debería ser negativa.
En Libre Mercado hemos denunciado cómo el Plan E todavía sigue costando dinero a los españoles tres años después de su finalización, cómo sólo los carteles se llevaron 37 millones de euros y la inutilidad de todo este entramado en a creación de empleo. Pero es que además, del análisis del documento del Tribunal de Cuentas, se puede sacar la conclusión de que todo el procedimiento estuvo trufado de descontrol, irregularidades y falta de probidad en la gestión de los recursos públicos. Se despilfarró. Y, además, se hizo sin la mínima vigilancia debida.
Las siguientes son las denuncias más destacas del organismo fiscalizador:
- Obras en cada pueblo: además de los cuatro municipios referidos anteriormente, hubo otros catorce pueblos que no recibieron fondos porque ninguno de los proyectos que presentaron fue aprobado por el Gobierno. Viendo las obras que se acometieron a lo largo de toda España, resulta complicado imaginar qué es lo que pidieron hacer los alcaldes de estos pueblos para que les fuera denegado: Barbate (Cádiz), Manilva (Málaga), Urriés (Zaragoza), Longás (Zaragoza), La Muela (Zaragoza), Pinarejos (Segovia), Honecillas (Cuenca), Bausen (Lérida), La Morera de Montsant (Lérida), Los Bancos (Orense), Villalba de Rioja (La Rioja), Petilla de Aragón (Navarra), Zaratamo (Vizcaya), Zaldibia (Guipúzcoa).
- No necesarias: "El plazo establecido de 54 días para la elaboración y presentación de propuestas de inversión supuso una limitación para la adecuada planificación en la elaboración de los proyectos presentados y para garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos (...). Además, las entidades iniciaron las actuaciones con 30 días de retraso medio que intensificó esta carencia. En consecuencia, no se garantizó que las inversiones propuestas fueran obras nuevas, necesarias para la entidad local y especialmente generadoras de empleo".
- No necesarias (2ª parte): "En el 70% de los expedientes no se acreditó o no se acreditó adecuadamente la necesidad pública de la inversión, cuestión que además de ser un requisito básico para la adjudicación, supone una garantía de que los fondos públicos se destinen a un fin necesario para la entidad local".
- Sin supervisión: "En el 17% de los proyectos no se cumplió con la obligación de supervisar el proyecto y en el 33% se incumplió con la obligación de levantar el acta de replanteo de la obra, no garantizándose adecuadamente las condiciones necesarias para que el contrato se ajustara a la realidad existente. Además, en el 9% de los proyectos la supervisión, se realizó con deficiencias, al supervisarse después del replanteo de la obra; en el 11% de los proyectos con acta de replanteo se emitió de forma extemporánea, después de la aprobación del expediente de contratación, y en el 8% de los casos incluso se inició la licitación sin dicho requisito".
- Despilfarro: "En el 30% de los expedientes de contratación no se incluyó el precio como criterio de baremación para su adjudicación, lo que impidió, al margen de la consideración de otros criterios de puntuación, la determinación de la oferta económica más ventajosa, principio fundamental de la contratación pública. Las entidades locales al tener asegurada la financiación de la ejecución real de la obra con el límite del presupuesto de licitación, no tenían un interés directo en que se produjeran bajas en la adjudicación de los contratos y, de hecho, el 53% de los contratos se adjudicaron sin baja en el precio".
- Retrasos: "El requisito de ejecución inmediata exigido en la tramitación del FEIL se vulneró en el 44% de los contratos, al iniciarse con un retraso medio de 59 días respecto a la fecha prevista y en el 16% se produjo un retraso medio de 34 días en la licitación respecto al plazo exigido en el Real Decreto-Ley 9/2008".
- Incumplimientos: "Debido a que las entidades locales incumplen sistemáticamente los plazos legales de elaboración y aprobación de los presupuestos, no se garantizó que las inversiones fueran de nueva planificación, pues el 90% de las entidades elaboraron el presupuesto de 2009 cuando ya conocían los proyectos aprobados por el Ministerio para su financiación por el Fondo, lo que permitió no incluir en el presupuesto aquellas actuaciones financiadas por el FEIL".
- Proyectos sin uso: "El 18% de los proyectos no se encontraban en funcionamiento a 15 de septiembre de 2011, siendo los destinados a la construcción de equipamientos para servicios sociales y los de construcción de infraestructuras los que en menor proporción habían entrado en funcionamiento (un 60% de los mismos). Esto supuso que las entidades que ejecutaron estos proyectos recibieron fondos del FEIL que utilizaron para la financiación de unos proyectos que no repercutieron positivamente en los servicios prestados a sus habitantes".