Durante un año, todos los pueblos de España tuvieron algo más en común que una plaza, una iglesia y una panadería. Entre 2008 y 2009, cada municipio, pequeño o grande, tuvo un enorme cartel rojo y blanco, de enormes proporciones, que hacía mención a una obra que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tenía a bien financiar.
El Plan E fue el programa de obras públicas que se lanzó con el objetivo de relanzar la economía española y crear empleo, dos objetivos que según el informe del Tribunal de Cuentas conocido esta semana, no consiguió. Pero también se convirtió en una enorme forma de propaganda política, a mayor gloria del Ejecutivo socialista. La aparición de todos esos carteles que brotaron como setas por toda la geografía nacional no fue casual.
En la normativa en la que se lanzaba el Plan E, se especificaba claramente que cada obra debía tener su anuncio y se daban las características del mismo, el tamaño, color, material,... De hecho, la valla debía tener unas buenas dimensiones y ser bien visible (no fuera a ser que alguien se olvidara de quién pagaba la obra). El texto especificaba claramente que el tamaño de los carteles debía ser de 4 metros de largo por tres metros de alto, de aluminio o de acero galvanizado.
Y claro, unos anuncios de estas dimensiones no iban a salir gratis. Según el informe del Tribunal de Cuentas del que Libre Mercado ha publicado varios avances, el coste de cada cartel rozó los 1.200 euros de media (1.199 euros para el 91% de las vallas pagadas por el promotor de la obra y 1.188 euros del 9% que pagaron directamente los ayuntamientos). Teniendo en cuenta que se realizaron 30.698 obras, el coste total de cumplir con los requisitos de publicidad impuestos por el Gobierno ascendió a casi 37 millones de euros.
Despilfarro en el despilfarro
Según queda claro en el informe del Tribunal de Cuentas, todo el programa fue un derroche que no consiguió el objetivo pretendido: crear empleo. Apenas el 4% de los parados contratados seguían en la empresa constructora unos meses después de terminado el plan. Además, cualquiera que vea las cifras de la economía española en los últimos tres años podrá comprobar que tampoco sirvió para relanzar el crecimiento.
Sin embargo, con los carteles, podría decirse que se alcanza el culmen del despilfarro. Es derroche sobre derroche. Porque el cartel es algo que no tiene una utilidad específica (más allá de celebrar la bondad del Gobierno de turno) y sólo sirve para anunciar algo que en sí mismo no debería estar ocurriendo.
Por otro lado, los carteles no fueron el único gasto en el que se incurrió con el único objetivo de cumplir los requisitos del Plan E. Los trámites necesarios para la obtención y justificación por las entidades de los fondos del Gobierno debían realizarse por vía electrónica, a través de la web del Ministerio y con DNI electrónico y certificado digital. De esta manera, cientos de ayuntamientos tuvieron que ponerse a comprar ordenadores, a contratar los servicios de informáticos y a adaptar sus sistemas para poder hacer la petición. Y todo esto por no hablar de los miles de funcionarios públicos que perdieron parte de su tiempo en cumplimentar estos trámites.
Según el informe del Tribunal de Cuentas, el 12% de los municipios tuvo que comprar algún tipo de equipamiento informático para cumplir los requisitos. Esto nos sitúa en cerca de mil ayuntamientos gastándose parte de su presupuesto en ordenadores que quizás no necesitaban, en un momento de crisis y tensión para las finanzas públicas. Está claro que en la enorme montaña de deuda que acumulan las administraciones españolas, este gasto es como una gota en un océano. Pero como detalle del desempeño de los políticos españoles, no deja de ser significativo.