Probablemente, las pensiones de este año no subirán conforme al IPC. Este jueves, por primera vez de forma oficial, el Gobierno ha abierto la puerta a desligar las prestaciones de jubilación al Índice de Precios al Consumo. La decisión no se ha tomado todavía, pero todo apunta a que en noviembre, cuando llegue el momento de hacerlo, los pensionistas verán cómo pierden parte de su poder adquisitivo. El encargado de dar la impopular noticia ha sido el secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, durante la rueda de prensa mensual para presentar los datos del IPC de septiembre.
En un encuentro que normalmente es rutinario, la publicación mensual del Índice de Precios al Consumo, Jiménez Latorre ha soltado la bomba. Al ser preguntado por la prensa acerca de si se mantendría la revalorización de las pensiones conforme al IPC, ha respondido que hay que esperar a noviembre para ver en qué nivel está la inflación: "El indicador de referencia también habrá que decidirlo en ese momento".
¿A qué se refiere Jiménez Latorre cuando habla de decidir el indicador de referencia? ¿Es que acaso hay un indicador aparte del IPC? Desde este jueves, sí. En realidad, la principal novedad de la rueda de prensa era la presentación de un nuevo indicador, el IPC a impuestos constantes (IPC-IC). Este índice trata de valorar no cómo son los precios en realidad, sino cómo serían en el caso de que no se hubieran subido los impuestos al consumo (el IVA, los impuestos a los carburantes, al tabaco,...).
En el mundo académico es habitual utilizar estos indicadores de precios. Por ejemplo, el INE publica el IPC subyacente, que no tiene en cuenta los precios más volátiles (carburantes, energía, transporte...). De hecho, estos indicadores son muy útiles para ver la tendencia general de los precios o para tomar decisiones de política económica a medio plazo. En este caso, el Gobierno se escuda en que con la publicación del IPC-IC lo que hace es seguir "la metodología europea". Lo que muchos ciudadanos se preguntarán es por qué se publica justo ahora (a dos meses de decidir sobre las pensiones) y si no se podría explicar más claramente por qué no puede la Hacienda española asumir el gasto de incrementar las prestaciones de la Seguridad Social, sin acudir a subterfugios como nuevos índices.
Dos puntos menos
Evidentemente, este año el IPC-IC es bastante más bajo que el IPC. En septiembre, el IPC tradicional alcanzó el 3,4%, manteniendo una subida constante que dura ya varios meses y que la mayoría de los expertos asocian a la subida de los impuestos. Mientras, el IPC-IC se mantuvo en un mucho más moderado 1,4%. Y además, el Gobierno espera que en noviembre haya caído algo y se acerque mucho al 1%.
De esta manera, lo que el Gobierno defiende es que no cambia la ley que le obliga a ligar las pensiones a las subidas de precios, sino que lo que hace es cambiar el índice que mide cuál es la verdadera subida de precios. Al ser preguntado por si esta posibilidad es legal, el secretario de Estado ha garantizado que cualquier decisión que se tome en este sentido tendrá "cobertura legal".
En cualquier caso, la realidad es que si se unen las prestaciones al IPC-IC los pensionistas perderán un par de puntos de poder adquisitivo, porque los precios reales (los que figuran en los expositores de las tiendas) sí han subido un 3,4%. Eso sí, Latorre ha dejado claro que el Gobierno decidirá si revaloriza o no las pensiones cuando tenga toda la información relevante, ya que hay que tener en cuenta algunos factores como el nivel de precios o la evaluación de la ejecución presupuestaria.
Una decisión complicada
Desde hace semanas, los expertos venían advirtiendo de que sería muy difícil para el Gobierno mantener la ligazón entre las pensiones y el IPC. Cuando comenzó el año, la previsión del Ejecutivo incluida en los Presupuestos Generales del Estado para 2012 era de un incremento de la inflación del 1%. Ésa fue la cifra que se subió a los pensionistas.
Ahora, con los precios disparados un 3,4%, en teoría el Ejecutivo debería subir las pensiones un 2,4% para mantener su poder adquisitivo. Esto se haría a comienzos de 2013. Primero con una paga extraordinaria, para compensarles por lo que han perdido a lo largo de todo 2012; y luego, consolidando la subida desde ese momento. Si el IPC sigue en el 3,4%, el coste aproximado sería de unos 5.000 millones de euros (2.500 millones en la paga extra que computaría en los PGE de 2012 y 2.500 millones que se irían pagando a lo largo de todo 2013).
Evidentemente, este desembolso es muy difícil de encajar con los objetivos de déficit. Por eso, el Gobierno ya deslizó hace unos días que no se ataría las manos con el IPC y empezó a hablar simplemente del "índice de referencia". Lo cierto es que no tendría mucho sentido subir el IVA para recaudar más y luego perder las ganancias de recaudación pagando en las pensiones por un incremento del IPC que se ha debido a esa subida del IVA. Esto es lo que debe explicar claramente el Gobierno, que por ahora se esconde detrás de nuevo índice (IPC-IC) presentado este jueves.