El tiempo necesario para poner en marcha una empresa en España es de 28 días. Exactamente el doble de la media de la UE. Es decir, seguimos siendo los campeones en poner trabas para quienes pretenden arriesgar su tiempo, su esfuerzo y su dinero con el objetivo de crear riqueza y empleo. Siendo este un problema enorme para nuestras empresas, la mayoría pymes y –muchísimos– autónomos, existe otro de igual dimensión, en el que me centraré, que es el obstáculo que supone la fragmentación de nuestro mercado interior. Tenemos destrozada la unidad de mercado, lo cual representa un gran coste para la actividad empresarial.
En España contamos con numerosas obligaciones, restricciones y exigencias que, amparadas en disposiciones emanadas de cualquier Administración, dificultan notablemente, y de forma injustificada, la actividad económica; hasta el punto de que en muchos casos llegan a condicionar seriamente su normal ejercicio.
En realidad, las empresas españolas se enfrentan a un complejo entramado jurídico –europeo, estatal general, estatal sectorial, autonómico y local– que frena la competitividad y la inversión. Es decir, es un claro desincentivo a la creación de empresas y a la generación de empleo.
Aporto a continuación seis ejemplos concretos:
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Dependiendo de la comunidad autónoma, el mismo etiquetado de un producto alimenticio puede dar lugar o no a sanción.
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Los controles a las emisiones a la atmósfera que genera una fábrica de cemento son distintos en cada territorio.
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Se aplican cuatro normativas autonómicas distintas a un mismo sistema de prescripción y dispensación de medicamentos.
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La instalación de la misma antena de telefonía móvil puede ser objeto de tantas ordenanzas urbanísticas diferentes como municipios hay en España.
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El transporte de mercancías peligrosas está sometido a diferentes horarios de circulación y tipos de vías, según cada municipio.
- Una misma máquina recreativa con premio está sometida a diecinueve matrículas, avales, certificados, tests y tasas administrativas.
En España se ha legislado demasiado y muchas veces mal, lo cual pagamos ciudadanos y empresas. Esta manía hiperlegisladora afecta a casi todos los sectores de la economía: alimentación y bebidas, automóvil, cemento, construcción, energía, seguros, juego, entidades financieras, publicidad, renting de vehículos... Parece como si cualquier administración necesitara vomitar legislación a gogó para justificar su existencia.
Nos encontramos normativas reguladoras de una misma materia, a nivel autonómico y local, que son divergentes e incluso contradictorias entre sí. En otros casos, resulta que se interpreta comunidades y ayuntamientos interpretan normativas estatales o europeas de formas distintas. Incluso contamos con disparidades absolutas, por ejemplo, en compras públicas.
Por un lado, nos integramos en el mercado único de la UE para mejorar nuestra actividad, pero en casa nos dedicamos a compartimentar el territorio en micromercados. Mientras vamos hacia una integración fiscal en Europa, en España tenemos tres regímenes diferentes.
Deberíamos tener claro que la integración significa crecimiento, creación de empleo, aprovechamiento de economías de escala, mejora de la productividad y de la eficiencia, movilidad profesional y empresarial, y más opciones para los consumidores.
Todo esto es perfectamente cuantificable. Existe un informe, solicitado por la Comisión Europea y denominado Cecchini Report, que estudia el coste de la No Europa. Si se extrapola ese informe a nuestro mercado interior, con las debidas cautelas, se obtiene que romper los obstáculos administrativos generaría cerca de 50.000 millones de euros. No está mal. Es una medida que no sólo no le costaría un solo euro al erario, sino que multiplicaría los ingresos. Se trataría de aplicar los principios de legislación de origen y licencia únicos para que cualquier producto o servicio producido en cualquier comunidad pueda circular libremente, sin más requisitos o trámites, a través del territorio nacional. También habría que poner en marcha el principio de reconocimiento mutuo y homologación de actos administrativos entre las diferentes CCAA. La solución parece bien sencilla. Ah, y también lograríamos adelgazar el entramado público. Sólo veo ventajas.