El último informe de la Cámara de Cuentas de Madrid sobre Parla, publicado hace unos días, ha hecho saltar las alarmas sobre la situación económica del feudo socialista. La institución analiza en profundidad los Presupuestos del ayuntamiento para 2010 arrojando un resultado desolador: el municipio madrileño está al borde de la quiebra.
"La situación económica de Parla no permite hacer frente a sus acreedores y mantener los servicios básicos de atención a los ciudadanos", aseguraba la Cámara. Para el organismo, las medidas puestas en marcha por el consistorio no son suficientes para una deuda tan elevada, por lo que exige a sus mandatarios "instrumentar algún plan excepcional que permita la continuidad del Consistorio."
Parla, municipio madrileño de 130.000 habitantes situado a 22 kilómetros de la capital, tuvo un presupuesto en 2010 de cerca de 90 millones de euros. De esta cuantía, 37 millones corresponden a gastos de personal, 30 a devolver las líneas a proveedores otorgadas por el Estado y 23 millones para cubrir gastos corrientes, inversiones y amortización de préstamos.
El documento hace hincapié en un gran número de distorsiones e irregularidades en las cuentas del consistorio dirigido por José María Fraile. En el apartado de ejecución presupuestaria de los ingresos, la Cámara de cuentas destaca que en los ejercicios 2007 y 2008 (con Tomás Gómez como primer edil) el ayuntamiento de Parla recaudó un 48% menos de lo previsto, siendo un 60% menos lo ingresado en 2009 (ya con José María Fraile) y el 49% menos en 2010.
Analizando la ejecución del presupuesto de 2010, las desviaciones más importantes se dieron en diez conceptos con los que el consistorio de Parla debería haber ingresado 84 millones euros más, según sus previsiones.
En la tabla destaca la ineficiencia en la recaudación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). La Cámara asegura que "esta situación no es nueva ya que desde 2007 se han venido produciendo desviaciones por encima de los 18 millones de euros." También se observa un presupuesto sobrevalorado en la ejecución de las licencias urbanísticas.
Pero lo más escandaloso de este punto es el apartado del derecho de cobro sobre el Consorcio Parla Este. La Intervención municipal, en su informe de presupuestos para 2008, 2009 y 2010, afirma desconocer "la intención de aportar fondos por parte del Consorcio", por lo que ignora la naturaleza de estos ingresos. "Por todo ello, y, salvo mejor justificación, este recurso no responde a ninguna expectativa real y el presupuesto de ingresos estaría sobrevalorado en 21 millones de euros."
Su tranvía, el mejor ejemplo del despilfarro
La Cámara de Cuentas también ha dedicado varias páginas a la obra pública más polémica del municipio, su tranvía. El proyecto se convirtió en un empeño personal de Tomás Gómez, quien consiguió inaugurarlo en mayo de 2007, poco antes de convertirse en líder del PSOE de Madrid.
Tal y como auguraban sus detractores, el tranvía de Parla se ha convertido en una inversión tan catastrófica como innecesaria. La mala gestión del proyecto ha quedado patente desde su puesta en marcha. En noviembre del pasado año, la compañía que gestiona su servicio, Alstrom, decidió abandonar el tranvía por "los reiterados impagos de la localidad y en incumplimiento del contrato firmado con la concesionaria". En concreto, Alstron denunciaba que Tranvías de Parla SA (la concesionaria) le debía siete millones de euros desde hace tres años y que Tranvías de Parla no se lo abonaba, precisamente, porque el consistorio adeudaba 48 millones de euros.
Este conflicto terminó con el tren parado 40 horas y con el alcalde de Parla atrincherado en la sede de la Comunidad de Madrid exigiendo, según el entonces consejero de Transportes, Antonio Beteta, que "como no tiene dinero, que lo pague el Gobierno regional."
El tren no solo no puede hacer frente a sus deudas sino que elevó en un 44% el presupuesto que pactó inicialmente. Como se observa en la tabla, los 93 millones firmados en 2005 se convirtieron en 134 al finalizar el proyecto, la penúltima demostración de la mala gestión de sus artífices porque la Cámara tambén observa irregularidades en la adjudicación de la obra.
"Esta inversión complementaria (de 36 millones de euros) fue asumida por el Ayuntamiento de Parla, que adjudicó directamente la ejecución a la sociedad del contrato inicial, con la excepción de los proyectos 4.2 y 6.1, por importe de medio millón y 2 millones , respectivamente. Se formalizaron convenios con una empresa pública y una entidad pública que asumieron parte de su coste. No hubo nueva convocatoria de licitación y no hay constancia que se cumpliesen los requisitos" que indica la ley.