La Secretaría de Estado del Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha publicado una resolución en la que fija en 5.056 gigavatios hora (GWh) el volumen máximo de carbón nacional que puede ser quemado durante el tercer trimestre del año a un precio regulado en las centrales térmicas de generación eléctrica.
Este volumen es un 41% inferior a los 7.169 GWh para el tercer trimestre del año inicialmente incluidos en una resolución de finales del año pasado en la que se detallan los volúmenes de carbón para cada uno de los trimestres del ejercicio 2012.
Estas cantidades de carbón, medidas en poder energético, se queman en diez centrales eléctricas a un precio superior al de mercado. Esta medida fue adoptada en 2010 por el Gobierno anterior para dar salida al carbón nacional, y fue incluida en el real decreto de restricciones por garantía de suministro, también conocido como decreto del carbón.
El objetivo del Ejecutivo actual, plasmado en el real decreto ley 13/2012 en el que se recortan varias partidas del sistema eléctrico para contener el déficit de tarifa, es aplicar un recorte durante 2012 del 10% a las cantidades de carbón sometidas a este tipo de ayuda. En la resolución, Industria recuerda que el real decreto ley 20/2011 de medidas urgentes ya indicaba que, de forma excepcional, las cantidades de carbón incluidas en el real decreto de restricciones se iban a revisar de forma trimestral durante 2012.
El departamento dirigido por José Manuel Soria explica además que en 2011 no se logró alcanzar el máximo de producción eléctrica a partir de carbón nacional previsto debido a la incapacidad técnica del sistema y a causas técnicas. Las toneladas que no se llegaron a consumir han sido incluidas en las cifras de 2012, señala.
Por otro lado, el Gobierno actualiza en la resolución, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este lunes, los costes totales reconocidos a la quema de carbón nacional en las centrales eléctricas. Este precio asignado al carbón nacional, que es distinto en cada una de las centrales, es hasta un 25% superior al reconocido en la resolución de finales del año pasado.