El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el proyecto de ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y modificación de la Ley de Costas de 1988, según ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, junto al ministro de Agricultura, Miguel Arias-Cañete.
El Gobierno ya abordó el pasado mes de julio el anteproyecto de ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y la modificación de la Ley de Costas, que data de hace más de dos décadas, en virtud del cual la nueva norma elevará hasta 75 años las concesiones de viviendas en playa, permitirá al Estado suspender acuerdos municipales contrarios a la normativa, establecerá concesiones de cuatro años para los chiringuitos y modificará las normas del deslinde administrativo.
Entre otras actuaciones, la norma introduce una reforma en relación con el uso de las playas. En este caso, se establece un régimen diferenciado para las playas urbanas (las contiguas a suelos urbanizados) y para las playas naturales (junto a espacios protegidos o suelo rural). Para estas últimas, según explica el Ejecutivo, se impondrá un nivel de protección mayor aún al ya vigente y se restringirán las ocupaciones.
Los cambios
Barriadas históricas: "Con el objetivo de dar respuesta a la demanda social de muchos municipios", el Gobierno regularizará distintas barriadas históricas para excluirlas del dominio público marítimo-terrestre, como el Pedregalejo y El Palo (Málaga).
Deslinde: se define mejor el alcance del dominio público marítimo-terrestre y se aplicarán criterios estrictamente técnicos para deslindar la costa con la consiguiente seguridad jurídica para propietarios, concesionarios y usuarios.
Régimen diferenciado: la reforma introduce un régimen diferenciado para los tramos urbanos de las playas (las contiguas a suelos urbanizados) y para los tramos naturales de las playas (junto a espacios protegidos o suelo rural). Para éstas últimas se impondrá un nivel de protección mayor aún al ya vigente.
Protección del litoral y suspensión de acuerdos municipales: la Administración General del Estado tendrá la facultad de suspender en vía administrativa los actos y acuerdos adoptados por las entidades locales que afecten a la integridad del dominio público marítimo-terrestre o que supongan una infracción de las prohibiciones establecidas en la zona de servidumbre de protección, impugnando dichos acuerdos ante los Tribunales. Con ello se podrá evitar que se reproduzcan casos de construcciones ilegales.
Prohibidas las nuevas edificaciones: se impiden nuevas edificaciones en el dominio público marítimo-terrestre y se prohíbe que las necesarias obras de mejora en los edificios existentes supongan cualquier aumento de volumen, altura o superficie.
El deslinde, en internet: se garantiza la información a los ciudadanos sobre sus propiedades y otros derechos. Los bienes del dominio público marítimo-terrestre se deben inscribir en el Registro de la Propiedad. Además, la información sobre los deslindes se tendrá desde que se inicie un nuevo deslinde. Por último todos los ciudadanos accederán vía Internet a los deslindes.
Se amplía el plazo en 75 años: se amplían los plazos máximos de las concesiones hasta 75 años, como hacen otras leyes como la Ley de Aguas, siempre que se trate de actividades respetuosas con el dominio público marítimo-terrestre. Ante la perspectiva del vencimiento de las concesiones vigentes a partir de 2018, se establece la posibilidad de una prórroga extraordinaria de las otorgadas antes de la entrada en vigor de la Ley de reforma por un plazo máximo de 75 años. En aquellos casos en los que las concesiones amparen ocupaciones para usos destinados a la industria extractiva, energética, química, petroquímica, textil y papelera será necesario un informe ambiental específico para otorgar la prórroga.
Objetivo: "La reforma tiene el objetivo primordial de proteger mejor nuestro litoral frente a excesos urbanísticos y beneficiar a quienes se encontraban legítimamente en la costa; pero no es una amnistía de situaciones ilegales, porque hay diez mil viviendas en dominio público marítimo terrestre, la mayoría con un derecho anterior a la Ley de Costas de 1988. Además, sólo en 2018 expiran unas 1.100 concesiones de viviendas, lo que obligaría a su demolición.
La nueva Ley generará confianza y certidumbre para las ocupaciones y la actividad económica. Existen unas veintitrés mil ocupaciones no residenciales, muchas de ellas generadoras de un elevado volumen de empleo. De ellas, más de 1.700 son ocupaciones industriales y más de 3.000 son chiringuitos: unos 1.300 restaurantes y 1.700 kioscos. Como ejemplo de la dimensión del empleo relacionado con este sector, se estima que sólo en Andalucía suponen más de cuarenta mil empleos".