Desde que llegó al Gobierno, Mariano Rajoy ha tenido que romper muchas de las promesas que hizo durante sus años en la oposición y en la campaña electoral. Sin embargo, ha habido un compromiso que ha mantenido contra viento y marea: las pensiones. Hasta ahora, ni la presión del déficit ni las sugerencias de la UE han quebrado la resistencia del gallego.
En Bruselas, se le ha pedido en varias ocasiones que rompa el vínculo entre las prestaciones de jubilación y el IPC. El último en apuntar en esta dirección fue Olli Rehn, el pasado lunes. Las instituciones comunitarias abogan porque las pensiones suban en función del coste de la vida, pero también teniendo en cuenta otras variables, como el número de cotizantes o el estado de las cuentas públicas. De hecho, la mayoría de los países no las incrementan de forma automática de acuerdo con el índice general de precios al consumo, sino que éste es un factor más dentro de un cálculo que incluye muchos otros aspectos.
Como decíamos, tanto Rajoy como sus ministros habían asegurado hasta ahora que se mantendría su promesa. Al fin y al cabo, la revalorización de las pensiones conforme al IPC fue aprobada en su momento por el Gobierno de José María Aznar y sólo José Luis Rodríguez Zapatero en 2011 cambió la ley, obligado por la presión del déficit público.
Sin embargo, un tema que parecía cerrado se ha abierto en los últimos días. Primero, fue Soraya Sáenz de Santamaría la que, en la cadena Ser, no quiso confirmar la revalorización conforme al IPC, a pesar de la insistencia de la entrevistadora. Sus palabras exactas fueron: "Lo último que se debe tocar son las pensiones. Las pensiones se van a subir. Las pensiones se ajustarán a la subida de la vida".
Y este lunes, Tomás Burgos, secretario de Estado de la Seguridad Social, también se salió por la tangente cuando fue interpelado por los periodistas antes de su comparecencia ante la comisión del Congreso del Pacto de Toledo. Al igual que había hecho la vicepresidenta, aseguró que las pensiones subirán "conforme a la ley" y pidió esperar a noviembre para ver si es "asumible" el incremento marcado por el IPC.
La revalorización
Con todo lo que ha ocurrido en los últimos días, lo que parece claro es que el Gobierno sí subirá las pensiones. Lo que no es tan evidente es que vaya a hacerlo conforme al IPC.
Lo que dice la Ley es: "Las pensiones de la Seguridad Social, en su modalidad contributiva, incluido el importe de la pensión mínima, serán revalorizadas al comienzo de cada año, en función del correspondiente índice de precios al consumo previsto para dicho año" Luego, además, apunta a que si el resultado del índice es inferior al previsto, habrá que revalorizar las prestaciones para que no haya una pérdida en el poder adquisitivo de los beneficiarios.
Por eso, cada año, los jubilados españoles reciben entre enero y febrero tres buenas noticias:
- Una paga extra por el ajuste de la inflación: supongamos que a un pensionista con una paga de 1.000 euros le suben la pensión un 1%. Luego, el IPC sube un 3%. Por lo tanto, le deben un 2%: 20 euros al mes, durante 12 meses. Recibirá 240 euros en un sola paga.
- Ajuste de pensión: evidentemente, esa subida se consolida y, a partir del año siguiente su pensión de referencia ya es de 1.030 euros.
- Nuevo incremento en relación con el IPC: una vez que tenemos que la pensión es de 1.030 euros, hay que subirla con respecto al IPC previsto para el año entrante. Si pensamos que será del 2,0%, habrá que revalorizar la pensión en esa cantidad.
¿Qué podría pasar este año?: con las palabras de Sáenz de Santamaría o Burgos, no queda claro cuál de los tres pasos se podría saltar el Gobierno, si es que se salta alguno. Podría ser que no ajustase por el poder adquisitivo perdido a lo largo de 2012 o podría no incrementar con respecto al IPC previsto para 2013. O podría hacer las dos cosas.
¿Cuáles son las alternativas?: tal y como explicábamos antes, parece claro que el Gobierno sí subirá las pensiones (cumplirá los tres pasos); el truco podría estar en el método empleado para calcular esta subida. Hasta ahora es el IPC, pero la ley sólo habla de un índice de precios. En los últimos días se especula mucho con que lo que podría aprobarse es una modificación, para crear un IPC desfiscalizado. Es decir, un índice que no cuente el efecto en los precios de la subida del IVA en vigor desde el 1 de septiembre. Si el IPC real alcanza el 4% (algo muy probable, porque ya está en el 3,5%) y el desfiscalizado el 2%, los pensionistas perderían un 2% de poder adquisitivo, aunque en teoría la ley se habría cumplido.
¿Cuál es el coste?: ésta es la madre del cordero de todo el problema. España se gasta algo más de 100.000 millones de euros en pensiones. Por lo tanto, cada subida de un punto del IPC supondrá un coste adicional en los PGE de 2013 de unos 2.000 millones (1.000 por la paga extra para compensar lo perdido y 1.000 más al consolidar el nuevo sueldo). El IPC previsto a comienzo de año fue del 1%. Si en noviembre está alrededor del 4%, el sobrecoste sería de unos 6.000 millones de euros, una cifra muy difícil de asumir.
El IPC: la duda que tiene en un sinvivir al Gobierno es a cuánto llegará el IPC. Como decíamos, estamos en el 3,5% y se teme que suba. Muchos comercios no han aplicado totalmente la subida del IVA o la han retrasado, en un intento de mantener la clientela. Pero de forma casi inevitable los precios tendrán que ir ajustándose al nuevo nivel del impuesto. Por eso, Rajoy teme que el IPC de noviembre se vaya al 4% o más. En los mentideros madrileños, se comenta que el Gobierno está presionando mucho a petroleras y eléctricas para que moderen los precios en estos meses (sus productos tienen una enorme importancia a la hora de calcular la inflación, por su propio peso en la cesta y por la influencia que tienen en otros bienes y servicios). El objetivo sería llegar a noviembre con una cifra inferior al 3,5%, que permita mantener la promesa de revalorizar las pensiones conforme al IPC.