"Austeridad". Posiblemente ésta haya sido la palabra más utilizada por Cristóbal Montoro en los últimos días. Desde que se publicó el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2013, el ministro de Hacienda ha aprovechado cada micrófono que se le ha puesto por delante para destacar el enorme esfuerzo del Gobierno, los duros ajustes que está realizando y el compromiso inequívoco de su departamento con el objetivo de déficit.
Curiosamente, las cuentas del Estado para 2013 han sido criticadas precisamente por su falta de control en el gasto. A pesar de las palabras de Montoro, lo cierto es que la cifra total ha pasado de 362.066 a más de 382.000 millones. Son 20.000 millones de euros de diferencia (casi un 2% del PIB), lo que supone un incremento del 5,5% respecto a 2012.
La clave de las diferentes interpretaciones está en que el Gobierno saca algunas partidas de gasto de sus cuentas. Desde la perspectiva de Hacienda, hay determinados capítulos que no pueden tocarse o que son casi de obligatorio cumplimiento. Así, la deuda pública (tanto vencimiento como intereses), las pensiones o las transferencias a otras administraciones públicas quedan fuera de los cálculos de Montoro.
De esta manera sí que salen las cuentas. Si sólo se tiene en cuenta el gasto ministerial, el descenso es cercano al 10%. Pero lo que hay que preguntar al ministro es por qué hay que tener en cuenta sólo esas partidas. Al fin y al cabo, lo importante es el gasto total. Para un inversor, un Gobierno extranjero o un prestamista lo relevante es la diferencia entre ingresos y gastos. Que esos gastos se vayan en pensiones, carreteras, escuelas o coches eléctricos es una cuestión secundaria.
Las grandes cifras
Como decíamos antes, el gasto total previsto en los Presupuestos Generales del Estado es de 382.051 millones de euros. En estas cuentas, se incluye al Estado propiamente dicho (la Administración Central), los organismos autónomos (desde el Servicio Público de Empleo a la Dirección General de Tráfico), la Seguridad Social y otros organismos. En 2013, se repartirán esos casi 400.000 millones según las cantidades del siguiente cuadro (hay que restar la línea de las transferencias internas del total).
El problema para Montoro es que incluso quitando algunas de las grandes partidas presupuestarias más sensibles socialmente, el descenso en el gasto del Estado es muy inferior al requerido para detener la espiral de deuda que atenaza las cuentas públicas. En 2013, España hará frente a unos vencimientos de deuda de 62.588 millones y a unos intereses de 38.589 millones, lo que supone un 25% y un 33% más que en el año en curso.
Es un incremento difícil de asumir. Pero incluso quitando estas dos líneas, no es fácil encontrar la austeridad. Como puede verse en el siguiente cuadro, el gasto total sin contar la deuda apenas caerá un 0,7% en 2013.
Las siguientes partidas que podrían quitarse siguiendo los criterios de Montoro son las correspondientes a las pensiones y el desempleo. Quedarían unos 130.000 millones (apenas un 33% del PGE total) con un descenso del 4,3% respecto a un año antes.
Por último, podríamos sacar de nuestro análisis las transferencias a otras administraciones públicas. En este caso, nos quedarían unos 84.000 millones de euros, apenas un 22% del total. El recorte en el caso de que no contemos ninguna de esas grandes partidas (deuda, pensiones, paro y transferencias) es de 4.000 millones.
El déficit
Todos estos cálculos sólo tienen sentido si se comparan con las cifras del déficit. El Gobierno se ha comprometido a unos números rojos para el conjunto del Estado del 4,5% del PIB: 3,7% para la administración central, 0,7% para las autonomías y equilibrio para ayuntamientos y Seguridad Social.
Ese 4,5% del PIB equivale a casi de 50.000 millones de euros. Hay que recordar que España registró un déficit de 100.000 millones en 2011 y espera uno de aproximadamente 70.000 millones para este año. En total, si se cumplen todas estas previsiones, estaríamos ante un acumulado de más de 220.000 millones en tres años.
Éste es un dato que hay que tener en cuenta cuando el Gobierno apunta al gran recorte realizado en los ministerios (ver el último gráfico) y que ha llevado su gasto disponible a los 39.721 millones de euros, 4.000 millones menos que el año pasado. El descenso es del 8,9% (una cifra apreciable), pero en términos absolutos, apenas supone una gota de agua en el océano de la creciente deuda española.
