El conjunto de las Administraciones Públicas cerró el pasado año con un déficit público del 9,44% del PIB, muy alejado pues del 6% comprometido con Bruselas. En concreto, un 57% superior a dicho límite. Además, esta cifra es muy superior al 8,5% inicial y al 8,9% posterior estimados por el Gobierno del Partido Popular tras llegar al poder. La revisión al alza, aún provisional, fue publicada este fin de semana por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).
El sector público gastó el pasado año 100.402 millones de euros más de lo que ingresó, lo cual equivale al 9,44% del PIB en términos de Protocolo de Déficit Excesivo, la metodología que emplea la oficina estadística comunitaria (Eurostat).
El nuevo desvío se debe, básicamente, a dos factores: por un lado, la revisión a la baja del crecimiento económico registrado en 2011 por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE), desde el 0,7% al 0,4% del PIB, hasta 1,063 billones de euros, de modo que el déficit pasa del 8,9% estimado al 8,96%; y a parte de las ayudas públicas concedidas a la banca, que suman otro 0,48% del PIB (5.136 millones de euros).
A pesar de que el Ejecutivo insistió en que las nacionalizaciones bancarias no computarían como déficit, tanto Eurostat como el propio Banco Central Europeo (BCE) ya advirtieron de que, según estipula la normativa comunitaria, las inyecciones públicas empleadas para cubrir pérdidas bancarias se tienen que contabilizar como déficit, tal y como avanzó Libre Mercado. El Gobierno da ahora por perdidos los cerca de 11.000 millones de euros del FROB (fondo de rescate bancario) inyectados a BFA-Bankia, Novacaixagalicia y Caixa Catalunya el pasado año.
El rescate bancario computa como déficit
En las últimas semanas, los técnicos de Hacienda han estado estudiando cómo anotar estas pérdidas al déficit y, finalmente, se han decidido por repartir el impacto entre el ejercicio 2011 y 2012: 5.136 millones pasan a computar como déficit del pasado año; y 5.418 millones como déficit de 2012, pero sólo hasta el primer semestre, ya que a esta cifra se acabarán sumando las nuevas ayudas bancarias registradas este año. De hecho, según explicó el pasado sábado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, las nuevas inyecciones financieras acabarán elevando el déficit en 1,1 puntos este ejercicio, hasta el 7,4% del PIB frente al objetivo del 6,3% fijado por Bruselas, aunque por el momento se tratan de meras estimaciones -la cifra podría ser incluso mayor-.
Sin embargo, más allá de este tipo de tecnicismos, lo relevante es que España cerró el pasado año con un descuadre fiscal del 9,44% del PIB frente al 9,67% de 2010. Es decir, el conjunto de las Administraciones Públicas tan sólo redujo su déficit en 1.036 millones de euros, un 1% interanual. Desde 2009, año en el que se registró un déficit histórico del 11,2% del PIB, la diferencia entre ingresos y gastos apenas ha bajado en 16.741 millones de euros hasta 2011, un 14% menos. Y el descuadre del primer semestre de este año tampoco arroja ningún tipo de ajuste.
Gasta un 26% más de lo que ingresa
El sector público gastó el pasado año un total de 480.073 millones de euros frente a unos ingresos de 379.671 millones. Dicho de otro modo, siguió gastando un 26,4% más de lo que recaudó, un descuadre idéntico al registrado en 2010 y apenas cinco puntos inferior al de 2009, cuando las Administraciones gastaron un 32% más de lo que ingresaron por vía fiscal.
Por último, la burbuja pública que sufre España se observa, igualmente, en la evolución que han registrado los gastos y los ingresos desde el estallido de la crisis. Las administraciones públicas gastaron el pasado año 67.119 millones de euros más que en 2007 (un aumento del 16,2%), el año de mayor auge económico de la última década, a pesar de que la recaudación se ha desplomado en 53.538 millones desde entonces (un 12,3% menos). Los datos siguen sin reflejar la austeridad pública que reclaman tanto los inversores internacionales como las autoridades comunitarias.