Los Presupuestos Generales del Estado para 2013 que se presentan este jueves contienen nuevos recortes en gasto de personal. Así, entre otras medidas, el próximo año volverán a congelarse las retribuciones de los empleados públicos y se mantendrá a cero la tasa de reposición del personal que se jubile, salvo en los servicios esenciales (Sanidad, Educación y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad), que podrán tener una tasa de "hasta el 10%", según informó el miércoles la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas a los sindicatos del sector.
Además, aunque los empleados públicos volverán a cobrar las pagas extras el próximo año, el Gobierno no concretó cómo recuperarán la que se dejará de percibir el próximo diciembre. Sin embargo, más allá de la congelación salarial, los sindicatos temen que el grueso del recorte en el gasto de personal se materialice mediante despidos colectivos entre el personal laboral, tanto de las Administraciones como de las empresas públicas. Es decir, mediante la reducción de plantillas, una medida que en ningún caso afectará a los funcionarios. El Ministerio de Empleo ultima el reglamento que permitirá aplicar EREs en el sector público.
La reforma laboral ya contempla la posibilidad de despedir empleados públicos, pero su plena aplicación está a la espera de desarrollo reglamentario. El borrador del proyecto se elaboró el pasado julio y no se esperan grandes modificaciones, ya que los sindicatos no han recibido respuesta del Ministerio de Empleo a las alegaciones que presentaron, según las fuentes consultadas. El proyecto clarifica las circunstancias en las que se podrá despedir empleados públicos.
Empresas públicas
Por un lado, las empresas públicas podrán aprobar un ERE alegando "causas económicas", al igual que cualquier otra compañía privada. Se entiende que concurren "causas económicas" cuando existan "pérdidas actuales o previstas", o bien una "disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas". En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente "si durante tres trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior".
Administraciones Públicas
Por otro lado, las Administraciones Públicas (Gobierno, CCAA, Ayuntamientos, Seguridad Social, organismos autónomos, Universidades y otras entidades públicas) podrán despedir personal laboral alegando, igualmente, "causas económicas". Sin embargo, en este caso, el borrador define esta circunstancia de forma diferente:
Se entenderá que concurren causas económicas cuando se produzca en las mismas una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los servicios públicos correspondientes. A estos efectos, se entenderá que existe insuficiencia presupuestaria, al menos y entre otros, en los siguientes casos:
- Cuando las subvenciones nominativas del Departamento, Consejería, Entidad Local, ente u organismo hayan disminuido, al menos un 10% con respecto al ejercicio anterior.
- Cuando las transferencias de capital correspondientes a las entidades citadas en la letra a) hayan disminuido al menos un 10% con respecto al ejercicio anterior.
- Cuando la aportación presupuestaria al convenio o al contrato programa que tuviera concertado el ente, organismo o entidad de que se trate haya disminuido, al menos, un 10% con respecto al ejercicio anterior.
- Cuando se haya adoptado un acuerdo de no disponibilidad que afecte al Departamento, Consejería, Entidad Local, ente u organismo de que se trate.
En resumen, si el ente público registra una reducción presupuestaria mínima del 10% interanual, podrá aplicar un ERE. Según fuentes sindicales, este mecanismo legal abre la puerta a una sustancial poda de empleados públicos, sobre todo en la Administración Local y en las numerosas empresas de las CCAA. En los últimos meses se ha barajado la posibilidad de que el Gobierno impulse el despido de unos 300.000 empleados, como ya anunció Italia. Pero, con independencia de su cuantía final, lo cierto es que la aprobación de dicho reglamento, que se prevé en las próximas semanas, permitiría reducir de forma sustancial las abultadas plantillas del sector público siempre y cuando el borrador no sufra modificaciones sustanciales.
Más de 3 millones de empleados públicos
España cuenta con cerca de 3,04 millones de empleados públicos, según la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre, apenas 180.000 menos que a mediados de 2011, cuando alcanzó su máximo histórico. De esta cifra, cerca de 1,6 millones son funcionarios y, por tanto, tienen su puesto garantizado de por vida.
