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EDITORIAL

La mentira del "Madrid nos roba", al descubierto

De los 66.000 millones recaudados en Madrid, su comunidad sólo percibió 11.500, mientras que en Cataluña, con una aportación tributaria de sólo 27.000 millones, casi 16.000 quedaron a disposición de la Generalidad.

La ofensiva independentista puesta en marcha por Artur Mas esgrime como justificación una burda mentira, según la cual el Gobierno de España se estaría apropiando de un porcentaje abusivo de la riqueza producida en Cataluña para financiar a otras comunidades. Este déficit de la balanza fiscal autonómica, según los nacionalistas, exigiría la creación de un pacto fiscal para que el Principado pueda disponer de todos los ingresos públicos generados allí, salvo una módica cuantía destinada a compensar los servicios generales de los que se beneficia, a imagen y semejanza de los anacrónicos e injustos conciertos vasco y navarro. En última instancia, esta injusticia fiscal que padece Cataluña sería la principal causa del brutal endeudamiento público de la Generalidad y de su bancarrota, pues no puede hacer frente a los compromisos ordinarios de pago salvo que el Gobierno central le inyecte liquidez en forma de rescate encubierto.

Vaya por delante lo improcedente de elaborar cálculos fiscales por comunidades autónomas, puesto que son los ciudadanos y las empresas los que pagan impuestos, no los territorios. Si los habitantes de una determinada región aportan más dinero al fisco no es, desde luego, por la existencia de una absurda inquina centralista, sino sencillamente porque la renta per cápita de sus habitantes y la facturación de las empresas allí radicadas son mayores que en otras. No obstante, ya que el nacionalismo catalán justifica sus exigencias con los resultados de esta manera peculiar de realizar cálculos contables, bueno será exponer la realidad, que desmonta por completo semejante artimaña.

Como hemos informado en Libertad Digital, la comunidad que más dinero aporta al resto de España no es Cataluña sino Madrid. En esta última el Gobierno recauda 40.000 millones de euros más que en la segunda, y eso a pesar de que hay dos millones más de catalanes que madrileños. Respecto al viejo cuento del expolio centralista, de los 66.000 millones recaudados en Madrid, su comunidad sólo percibió 11.500, mientras que en Cataluña, con una aportación tributaria de sólo 27.000 millones, casi 16.000 quedaron a disposición de la Generalidad. Esto significa que la comunidad madrileña sólo gestiona el 17,6% de los ingresos tributarios generados en su territorio, mientras que la catalana se apropia del 60% de todos los impuestos estatales liquidados en el suyo.

En cuanto a las transferencias estatales, los datos son igualmente contundentes. Cataluña recibe 4.500 millones de euros más que Madrid, a pesar de que la aportación de los catalanes a las arcas generales, como ha quedado dicho, es menos de la mitad que la de los contribuyentes madrileños. Esa diferencia se agranda todavía más si tenemos en cuenta que, entre las aportaciones extraordinarias que contempla el nuevo estatuto de Cataluña y los fondos adicionales que el Gobierno de Rajoy le inyectará en breve, la Generalidad ingresará este año nada menos que otros 11.000 millones de euros, con lo que su desfase respecto a la comunidad de Madrid se disparará hasta los 15.500 millones.

Si Cataluña, que produce la mitad que Madrid, se apropia de cuatro veces más riqueza que ésta, ¿quieren explicarnos el Sr. Mas y sus colegas nacionalistas de todos los partidos dónde está ese supuesto robo del que son objeto? En todo caso, si seguimos esa delirante contabilidad territorial, son los ciudadanos madrileños los únicos que podrían elevar una queja por el trato que reciben del Gobierno frente al que reciben los ciudadanos de comunidades menos productivas, como la catalana.

Ahora que las exigencias separatistas se exacerban y el Gobierno de España parece dispuesto a compensarlas con mayores ventajas financieras, resulta imperativo dejar claro que el origen de este problema secesionista no es ese inexistente expolio fiscal esgrimido por los nacionalistas. El pacto fiscal, con la amenaza añadida de la independencia, no busca remediar una injusticia, sino agravar el saqueo al que está siendo sometido el resto de España por una casta nacionalista delirante, insolidaria y, como estamos viendo, además insaciable. 

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