El banco malo que diseña el Gobierno, contemplado en la tercera reforma financiera aprobada por el PP, pagará 30.000 millones de euros por activos tóxicos cuyo valor en libros asciende a 100.000 millones. Según informa este lunes El Mundo, "fuentes solventes" aseguran que la nueva entidad pagará entre un 30% y un 40% sobre el valor en balance por los inmuebles y suelo que acumulan las entidades intervenidas.
El Estado, a través del Fondo de rescate bancario (FROB), ostentará el 40% del capital del banco malo, mientras que el resto estará constituido por las aportaciones de los grandes grupos bancarios y tal vez algún fondo de inversión. De este modo, se pretende garantizar que el capital de la sociedad sea mayoritariamente privado, algo esencial para evitar que la deuda que emita no se contabilice como deuda pública.
Y es que la compra de dichos activos tóxicos se financiará, fundamentalmente, con deuda emitida por el banco malo pero avalada por el Estado. El Gobierno estima que su cuantía rondará los 30.000 millones de euros.