La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que la tercera reforma financiera, que ha aprobado este viernes el Consejo de Ministros -y que se tramitará como proyecto de ley en el Congreso-, culmina la reestructuración del sector y se hace con un objetivo "básico y fundamental: que no cueste ni un euro al contribuyente".
"Que sea una reforma que, aprovechando la ayuda de la UE, pueda solventarse sin coste", ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "Hoy se culmina una reforma de primer orden, que en estos momentos también es de necesidad nacional", ha insistido.
Según la portavoz, ésta es una regulación muy "completa" que diseña los mecanismos necesarios para la prevención y resolución de crisis bancarias futuras, y con la que se conseguirá el "imprescindible" objetivo de sanear el sistema financiero para que se pueda recuperar el crédito y, así, impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo.
Sáenz de Santamaría también ha asegurado que el decreto ley incluye medidas "de calado" para la protección de los inversores, y que conseguirá dinamizar el mercado inmobiliario con la creación de la Sociedad de Gestión de Activos (SGA) para que el sistema inmobiliario pueda "hacer la digestión" de su stock, sacando la vivienda acumulada a la venta "a precios razonables".
Además, con las medidas incluidas en el decreto se da cumplimiento a las condiciones incluidas en el Memorándum de Entendimiento (MoU) sobre el rescate bancario de la UE, y también se "adelanta" la adaptación a la legislación española de directivas comunitarias actualmente en tramitación.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha ofrecido explicaciones más pormenorizadas sobre los contenidos del decreto, que incluye seis tipos de medidas: para gestionar crisis bancarias, regular el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), reforzar la protección de inversores, dar marco legal al 'banco malo', definir cómo se reparten los costes de las reestructuraciones y otros aspectos de requerimientos de capital o remuneraciones.
"Es una norma muy importante, compleja y extensa, que se ha elaborado con el apoyo del Banco Central Europeo (BCE), la Comisión Europea (CE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), y constituye una pieza legislativa que modifica sustancialmente el entramado de supervisión y prevención de las crisis bancarias", ha añadido, asegurando que si estos instrumentos ya existieran "la crisis se podría haber abordado de una forma completamente distinta".