Hasta el momento, poco más de un centenar de contribuyentes, y sin grandes capitales, han decidido acogerse a la amnistía fiscal decretada por el Gobierno, cuyo plazo termina en noviembre y por el cual Hacienda pretendía recaudar 2.500 millones de euros extra. Según informa elEconomista este martes, los objetivos del plan peligran, ya que los contribuyentes se muestran reticentes debido a la inseguridad jurídica que rodea al procedimiento.
La legalidad de la amnistía está todavía en el aire tras los recursos presentados por el PSOE ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional. A esta incertidumbre se suma, además, las dudas que genera entre los asesores y expertos fiscales el propio proceso regulatorio. Luisa López, directora de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), asegura que "en los despachos no se dice a los contribuyentes que no se acuda, sino que se esperen a que se aclaren los recursos y a que haya más seguridad".
Las órdenes emitidas por Hacienda aún dejan un amplio margen de interpretación a los inspectores fiscales. Los asesores tributarios temen que el Fisco pueda perseguir posteriormente a quienes se acojan a esta regularización. Otro asunto polémico es el del delito fiscal. Los despachos quieren que se asegure a sus clientes que no se seguirá la vía penal una vez que regularicen la administrativa. La norma sobre la amnistía exonera del delito fiscal siempre que se cumplan las condiciones de las normas reguladoras, es decir, siempre que exista una declaración veraz y completa, pagando la cuota bien por vía complementaria o por declaración tributaria especial.
El Tribunal Supremo viene exigiendo que se verifique que la declaración complementaria es "completa, veraz, total y se tiene que pagar", y si no es así, de acuerdo con el derecho vigente, no existiría exoneración penal. Los más desconfiados quieren que se asegure el cierre de esta vía e incluso que se incluya una salvedad en el Proyecto de Ley de modificación de la normativa para intensificar la prevención y lucha contra el fraude, que se encuentra en tramitación parlamentaria.