No es ninguna sorpresa que Cataluña haya sido la primera comunidad autónoma en solicitar al Gobierno que el fondo de liquidez de las autonomías le conceda una ayuda de 5.023 millones de euros. Es algo que se veía venir desde que el Ejecutivo catalán empezó a emitir bonos patrióticos porque su modelo ya no aguanta: Cataluña es la región de España con mayor gasto público por ciudadano porque a los pagos derivados de la prestación de los servicios públicos que tiene transferidos se unen las ingentes cantidades de dinero destinadas a financiar las políticas nacionalistas, como las embajadas en el exterior o las siete televisiones públicas. El sistema de financiación autonómica no está previsto para este tipo de políticas, y quien quiera llevarlas a su máxima expresión, como sucede en Cataluña, al final no tendrá más remedio que subir impuestos. Cataluña no lo ha hecho, y ahora se encuentra con que la grave crisis fiscal que padece España no le permite financiar todos estos gastos, con lo que la petición de ayuda al fondo de liquidez era algo que estaba más que cantado.
De la misma forma, tampoco es una sorpresa que Cataluña quiera que el Gobierno conceda dicha ayuda sin condiciones, sobre todo porque no quiere poner fin a esa orgía de gasto de la que participan tanto las políticas nacionalistas como las estrategias de clientelismo político. En este punto, sin embargo, el Ejecutivo no debe ceder un ápice. Yo no digo que Rajoy imponga a Cataluña que recorte ese tipo de gastos, sino, simplemente, que obligue a la Generalitat a cumplir un plan de ajuste en consonancia con el que debe llevar a cabo el conjunto de nuestro país, de acuerdo con los criterios pactados con la Unión Europea, con objetivos concretos de recorte de gasto, dejando libertad a la Generalitat para que aplique los mismos donde le parezca más conveniente. Sin dichas condiciones, no debería haber ayuda para Cataluña, por una simple y sencilla razón: detrás van a venir casi todas las demás autonomías, a solicitar también ayudas del fondo de liquidez. Si no se imponen condiciones a Cataluña, las demás comunidades van a rechazarlas invocando el principio de igualdad. Y con ello estaríamos enviando un mensaje muy claro, tanto a la UE como a los mercados, de que no somos capaces de sanear las cuentas del sector público; con lo que volverían los problemas con la prima de riesgo y la intervención de España, entonces sí, estaría más que asegurada. Rajoy, por tanto, no puede ceder lo más mínimo ante las pretensiones catalanas.
Por supuesto, a partir de ahora la Generalitat va a incrementar al máximo su presión sobre el Gobierno para obtener la ayuda sin condiciones, acudiendo a todo tipo de amenazas e instrumentos de presión, entre otras cosas porque sus cuentas solo pueden cuadrar si se desmantela parte de los sistemas nacionalistas y de clientelismo político o a través de ese pacto fiscal que pide Mas y que nunca se debe aceptar. Rajoy, por ello, debe mantenerse firme en sus posiciones. Si cede puede abrir una especie de caja de Pandora.