La sociedad ha cambiado, así que tenemos que construir otro modelo de Estado de Bienestar para ella. No se trata en ningún caso de desmontarlo, sino de reinventarlo eliminando sus vicios y aquellos aspectos que se han demostrado ineficientes. Tampoco hay que ponerse al dictado de los mercados, sino de colocar, tanto al Estado como a esos mercados, al servicio de la sociedad organizada. La gran política debe ceñirse a crear condiciones propicias para el ejercicio más pleno y más amplio de nuestra libertad. Y en los mercados, por su parte, tenemos que asegurarnos de que exista la libre empresa. Hay que asegurarse de que estén "moralizados", como diría el influyente pensador británico Phillip Blond, es decir, que no se constituyen grandes oligopolios y conglomerados, los cuales atacan al verdadero mercado libre. En este sentido, hay que recordar al economista Milton Friedman cuando indicaba que la virtud del capitalismo de libre empresa es que coloca a un empresario frente a otro, y ese es el método más efectivo de control.
Bueno, pues en España ya vamos un poco tarde, porque Suecia, país paradigmático en políticas sociales, enterró su viejo modelo hace 20 años y construyó uno nuevo donde se eliminó la preeminencia del Estado. Ahora aquel país lidera el desarrollo europeo, con altísimas tasas de crecimiento, minúsculo desempleo, plena estabilidad fiscal e importantes logros en política social. Los suecos estuvieron sumidos en una profunda crisis de la cual salieron gracias a decididas reformas que hicieron de su viejo Estado benefactor uno nuevo renovado, que ha sabido combinar una gran moderación fiscal con una apertura a la cooperación público-privada, la competencia y el empoderamiento de la sociedad civil. Es decir, con libertad. Ahora está más de moda que nunca aquella afirmación del Nobel Friedman de que sólo las sociedades que anteponen la libertad a la igualdad consiguen avanzar en ambos conceptos, en contraposición con las que colocan por delante la igualdad.
Nuestro actual Estado de Bienestar ha fracasado básicamente porque hemos abusado de él en su recepción y hemos limitado al mínimo a los prestadores de servicios, al tiempo que lo sobrealimentábamos creando una superestructura ineficiente.
En el nuevo modelo, el papel del Estado debe ceñirse a abrir la posibilidad del cambio, renunciando a su propio monopolio de la gestión de los servicios públicos y dando al ciudadano un poder directo y determinante en la conformación del nuevo Estado de Bienestar. Para que ello sea posible el individuo debe recibir responsabilidad directa por la conformación de los servicios públicos mediante su libre elección. Pues bien, la forma más simple y eficiente de alcanzar esto es un sistema de bonos del bienestar, por el cual el Estado transferiría a los ciudadanos el poder efectivo de configurar, mediante su demanda respaldada por los referidos bonos, la oferta misma de los servicios de responsabilidad pública.
Y aquí es donde viene la idea que enlaza con la actualidad agosteña de nuestro país que relaciono con la prórroga de los famosos 400 euros del Plan Prepara. Nuestros parados de larga duración que viven en una situación terrible necesitan dos cosas: recursos económicos para subsistir y mecanismos de inserción que les permitan dejar de vivir de subsidios. Por lo tanto, sostengo que lo más eficiente sería, además de abonar esa cantidad en metálico, entregarles unos bonos de recolocación laboral, para que puedan libremente pagar acciones de inserción laboral en la entidad pública o privada que les parezca más eficaz.
Esa libertad de elección no puede realizarse si no existe una posibilidad real de elegir entre muchas opciones, que compitan entre sí en igualdad de condiciones y que para su subsistencia dependan exclusivamente de la elección de los ciudadanos. Esto implica separar la responsabilidad pública, por garantizar el acceso universal e igualitario a ciertos servicios y prestaciones sociales, de la gestión. Para ello, la modernización del Estado de Bienestar implica romper no sólo el monopolio de la gestión pública, sino que los servicios de responsabilidad pública no estén monopolizados por esa categoría especial de trabajadores llamados funcionarios. La estabilidad en el empleo de quienes prestan esos servicios no debe estar directamente relacionada con el ejercicio de la autoridad del Estado, cristalizado en asignaciones presupuestarias y privilegios, sino únicamente con la capacidad de atraer la demanda ciudadana y, con ello, la financiación pública, pero canalizada vía bonos del bienestar.
Se trata de desmontar el superaparato del Estado en favor de la sociedad civil. El Estado sólo regula y financia (como respuesta a la eficacia) al mercado libre que se pone al servicio de los ciudadanos. Esto transforma los servicios públicos no porque lo imponga el Estado, sino porque los ciudadanos, en el ejercicio de su libertad, deciden qué sanidad qué educación o qué servicios de empleo, garantizados públicamente, se mantienen en base a cómo responden a sus necesidades.
También encontramos esta misma filosofía de devolución de funciones del Estado a la sociedad civil en las políticas del primer ministro del Reino Unido, David Cameron. Ya en su famoso discurso del verano del 2010, titulado "Big Society Speech", sostuvo que su objetivo era construir lo que él llama una Gran Sociedad. Dice el premier británico que se trata de un gran cambio cultural donde las personas, en sus vidas cotidianas, no siempre se dirigen a los funcionarios o a las administraciones buscando respuestas a sus problemas, sino que, en vez de ello, se sienten libres y con el poder necesario para ayudarse a sí mismas y a sus propias comunidades.